Alfredo Torres y Yamile Pino, padres de Alyamil Torres Pino asesinada el pasado 15 de marzo de 2021, denunciaron presuntas irregularidades en el juicio contra uno de los acusados por el crimen registrado en Ciudad Piar.
Por este hecho, fueron arrestados dos adolescentes de 17 años, entre ellos un primo de la víctima; además de Anthony Aguilera, de 18 años. Todos fueron a acusados por el delito de coautoría en el delito de homicidio calificado en ejecución de robo.
De acuerdo a lo relatado por Torres y Pino, durante la audiencia preliminar uno de los adolescentes (primo de la víctima) admitió su responsabilidad en los hechos y fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión.
Mientras que Anthony Aguilera y el otro menor pasaron a juicio. Sin embargo, tras varios diferimientos para dar inicio a la fase de juicio, Aguilera decidió admitir su responsabilidad y recibió condena de 15 años.
Para el 31 de mayo de 2021, se hizo la apertura de juicio contra el otro menor involucrado ante el Tribunal de Juicio de Responsabilidad Penal del Adolescente en Ciudad Bolívar, precisaron los declarantes.
En ese proceso, el juzgado declaró culpable al adolescente y le dictó sentencia condenatoria. No obstante, Torres y Pino señalaron que en ese momento la defensa del acusado apeló dicha medida por considerar que había inmotivación de la misma.
Indicaron que tras la apelación interpuesta, la Corte de Apelaciones anuló la decisión y se ordenó la repetición del juicio contra el menor de 17 años.
Rechazan decisión
De acuerdo a lo declarado, el juicio inició nuevamente el 15 de agosto de 2022, no obstante se volvió a diferir en reiteradas oportunidades.
Familiares de Alyamil Torres, destacaron que aunque el juicio no ha comenzado este 10 de marzo de este año, la jueza de la causa los convocó junto a la representación fiscal del Ministerio Público y les anunció que el acusado «había solicitado sustitución de la medida privativa de libertad considerando el artículo 581 la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente» y le otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación cada 30 días.
Las víctimas indirectas temen que esta medida sirva como elemento para que el «acusado se sustraiga de comparecer al proceso penal que le sigue».
Finalmente, hacen el llamado la Fiscal General de la República Tarek William Saab para que se aboque a este caso. RB
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