En uno de sus recientes discursos en Maturín, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dio la orden a gobernadores y alcaldes para que se pusieran a las órdenes de los candidatos del Gran Polo Patriótico (GPP), tal y como se los enseñó «el gigante» Hugo Chávez: abuso de poder, peculado de uso y corrupción a manos llenas para favorecer a sus candidatos.
Eso siguen haciendo desde Venezolana de Televisión y el Sistema Público de Radio y Televisión «Simón Bolívar», cuyas transmisiones son un insulto a la dignidad de la función pública equilibrada y respetuosa de la Constitución y las leyes, pisoteadas pendencieramente, como se los ensenó «el supremo».
Este abuso de poder impune e insolente no ha tenido solución de continuidad, desde que Chávez pisó Miraflores, porque el presidente Nicolás Maduro sigue fielmente sus pasos: delinque abiertamente, por el sometimiento cómplice y servil de cuatro instituciones clave para el control constitucional del poder en Venezuela: Asamblea Nacional (Poder Legislativo), Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral); y la Fiscalía y la Contraloría General de la República (Poder Ciudadano), cuyos titulares conforman además el inexistente Consejo Moral Republicano.
Reto públicamente al presidente Nicolás Maduro a que ordene a sus subalternos detener el modo delictivo de actuación «chavista» en tiempos de campañas electorales. Dudo que lo pueda hacer, como le corresponde, sometido como está –él, el primero- a las normas constitucionales, que son inevadibles.
En ningún país democrático de América Latina y el Caribe, se produce la monstruosidad ética y moral que ocurre en Venezuela desde el gobierno central y los entes regionales y municipales, lo cual también vale para los gobernantes opositores que no tienen otro modo de caminar: delinquen de la misma manera, aunque con las limitaciones proporcionales.
Esta vergüenza de politiquería no puede continuar por mucho tiempo más, en Venezuela. Llamo a los embajadores de todo el mundo acreditados en Caracas, a tomar nota de esta grave y asquerosa anomalía; y a las autoridades del CNE, Fiscalía y Contraloría a torcer el rumbo que ha violentado nuestra Constitución.
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