Amnistía Internacional emitió el martes 11 de abril una acción urgente en favor de Emirlendris Benítez, donde solicita a la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Ontivero, que garantice atención médica urgente para esta presa política venezolana.
Enel comunicado , Amnistía explicó que además de un diagnóstico completo, Benítez necesita tratamiento integral para las graves secuelas que sufre a causa de las torturas a la que fue sometida desde su detención.
Emirlendris Benítez, de 42 años, fue detenida el pasado 5 de agosto de 2018. La comerciante se encontraba haciendo una carrera en la madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, cuando pasaron por una alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó y, acto seguido, fueron detenidos sin que les explicaran los motivos.
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
La mujer fue vinculada en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Se le imputaron siete delitos y recibió máxima pena de 30 años de prisión el 4 de agosto pasado. Permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
A principios de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, uno de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, solicitó su libertad inmediata. También que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero esta decisión no fue tomada en cuenta por la jueza Hennit Carolina López al momento de dictar sentencia.
Tal Cual
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