Respecto al derecho de asilo invocado por Castillo, «se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen».
López Obrador reveló el jueves en su conferencia matutina que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México en el país andino.
«Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono», dijo López Obrador.
Además, dijo que instruyó a Ebrard para que hablara con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Castillo para que solicitara asilo.
«Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ni si quiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato», acotó.
Castillo fue arrestado «en flagrancia» por su propia escolta, minutos después de ser destituido por el Congreso.
Extrañeza con Colombia
Además de la reacción sobre las autoridades mexicanas, la cancillería de Perú también convocó el viernes al encargado de negocios de Colombia en Lima «y le expresó su extrañeza por las declaraciones de autoridades de ese país sobre los acontecimientos recientes», según informó en Twitter.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para Castillo.
«Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo (sic)», expresó Petro en Twitter.
Castillo fue destituido el miércoles por el Congreso por «permanente incapacidad moral», poco después de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia.
En este sentido, la Cancillería peruana recordó a Colombia que en Perú «existe pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes, lo que garantiza el acceso de todos nuestros ciudadanos a una justicia independiente». El Diario de Guayana
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