Columna: Crónicas Laborales

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Los patronos no pueden usar a sus antojos del derecho a la jubilacion

( Ese es un derecho indisponible de los trabajadores).


El mundo del trabajo asalariado es un escenario que en sus ejecución social a cada instante nos trasmite datos asombrosos.

Es lo menos que se puede decir, al conocer la realidad.
Veamos una minúscula particula de la realidad, y entramos en materia.
José Bodas es un carismático y recio luchador social en PDVSA.

En esa industria, Bodas, por la soberana voluntad democrática de los trabajadores fue electo
Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
En fecha reciente, Bodas fue informado que de de esa industria estaba jubilado y que pasara por caja retirando sus prestaciones sociales.
José Bodas, a la fecha de la pretendida jubilación forzosa de él tenía 31 años de servicios y 49 años de edad.

¿Lo actuado contra José Bodas, es legal?.
No es legal ni democrático.

La jubilación, ciertamente es un derecho de los trabajadores inserta en la actual constitución
(articulo 86) como uno de los contenidos estelares de la seguridad social en beneficio de los
ciudadanos de la tercera edad.

La jubilación es un derecho de la gente que trabaja como asalariado en algún ente público o
institución vinculada al estado y no aplica para los laborantes del sector privado.
La jubilación como todo derecho individual e incluso, público, está sometida al cumplimiento de cierto requisitos, siendo los principales los años de servicios y la edad.

Cumplido los requisitos legales emerge el derecho a la jubilación del trabajador.
Para que se active el derecho a la jubilación, ésta tiene ser previamente consesuada entre el
trabajador que ya tiene el derecho a la misma, y el patrono, que, en estas circunstancias, es sólo agente pasivo/ administrativo de la jubilación.

El patrono, agente pasivo/administrativo de la jubilación, no tiene facultades para dar por jubilado a un trabajador de manera ejecutiva o de oficio, aunque el laborante ya haya cumplido con los requisitos previstos en la ley o la contratación colectiva (o plan de jubilación), si lo hubiese.

Ha de resaltarse, como una novedad del histórico derecho a la jubilación, que Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, estableció la disposición de que el trabajador jubilable debe ser oído por el patrono agente administrativo, ante de que ésta se haga efectiva a propósito de que el jubilable diga, en ese momento, si se acoje a la jubilación de de inmediato o prorroga por tiempo más, el ejercicio de ese derecho.

Pues, el derecho a la jubilación pertenece al trabajador, no al patrono o sus representantes.
Si, el patrono no garantiza previamente al trabajador su derecho a ser oído en este aspecto, lo actuado por él administrativamente, es nulo de acuerdo al artículo 89 de la CRBV.

Lo afirmado está nitidamente previsto en el artículo 80, parte final, de la CRBV, que, a la letra dice “A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y esten en capacidad para ello”.

Según esa disposición constitucional, el jubilable tiene el derecho a ser oído, cumplido los requisitos de la jubilación, a manifestar si quiere seguir laborando o no y, claro, si está en condiciones físicas y mentales para ello (de haber dudas al respecto el laborante puede ser sometido a una experticia médica especializada).

De es norma constitucional del 99, nace el derecho del jubilable a consensuar con el patrono la oportunidad del inicio del ejercicio de la jubilación.

Y por lógica, cómo no escuchar previamente a José Boadas, en cuanto si quería seguir trabajado en la industria/empresa petrolera, si él apenas tenía 49 años de edad y es Secretario General de la Federación de Trabajadores petroleros de Venezuela.
En PDVSA, no parecieran estar consciente de eso, o estándolo, abusan del poder y el derecho.

Lo actuado versus José Bodas, es ilegal, en razón de la individualidad de él, y, a eso, hay que
agregarle su condición social en el rol de dirigente sindical.

El dirigente sindical, por definición, y dado los derechos colectivos de los trabajadores que él representa (y que la constitucion garantiza) tiene una protección especial llamada fuero sindical.

El patrono, a motus propio, no puede disponer de la inamovilidad laboral de la cual está investido el dirigente sindical directamente por la CRBV, artículo 95.

José Bodas, al momento de ser jubilado forzosamente, tenía la misma proteccíon especial vista en simil o analogía a la que tienen los parlamentarios de la Asamblea Nacional y de los

Consejos legislativos Regionales e, incluso, altos funcionarios del estado.

La inmunidad parlamentaria y el fuero sindical(inamovilidad laboral) son protecciones de origen y rango constitucional pensadas y normatizadas por el constituyente en beneficio del ejercicio de los derechos humanos colectivos y que, lógico es, ha de ser ostentado por individualidades, por ello, para ser desaforado de esas protecciones sus portadores, ha de cumplirse previamente, un procedimiento especial cuando las circunstancias lo requieran, con todas las garantías del debido proceso.

Lo actuado en PDVSA, tiene su origen en los intereses políticos. A Boda lo jubilan por venganza.
A él le temen.

¿A qué y quiénes le temen?

Sus adversarios políticos/sindicales le temen a su liderazgo en la industria petrolera y, los que ostentan la estructura del parapeto de la central sindical chavista, huerfana de apoyo real de los trabajadores del país.

Es voz sonora y múltiple en el movimiento laboral petrolero, que los burgueses que regentan el parapeto sindical gobiernero, son los que están detrás de la venganza contra el líder José Bodas.

Por lo sucio de sus maniobras, es Santander contra Bolívar.
De haber elecciones sindicales libres y democráticas en la industria petrolera (como debe ser), seguro es que más cien mil trabajadores lo ratificarían a José Bodas, como su máximo lider (porque lo es).

Para sacarlo del juego, lo jubilan violando la constitución y las leyes laborales.
La jubilación, vista así, es un instrumento de iniquidades e injusticia. Es Ilegal y arbitrario.
Será interesante saber qué opina la sala constitucional del TSJ, al respeto.

Sería hermoso vivir en una sociedad de derechos.

Gabriel Moreno

Mi correo: [email protected]