La directiva de Justicia Obrera, rechaza de manera contundente el llamado hecho por el régimen de una Asamblea constituyente comunitaria, porque atenta contra la estabilidad laboral de los trabajadores y viola flagrantemente las convenciones colectivas, dejando sin protección legal a la masa obrera nacional.
Así lo expresó Roger Salazar, secretario nacional de Justicia Obrera quien denunció que el dictador Maduro en un afán de controlar todos los poderes, ya que no puede controlar la AN hace esta convocatoria inconstitucional y absurda.
Justicia Obrera toma cartas y enfila públicamente su batería de defensa, porque es la ventana democrática del trabajador venezolano y estarán en todas las empresa del país, defendiendo, organizando y preservando a la clase obrera venezolana.
Salazar estuvo acompañado por Miguel Ekar, secretario regional de Justicia Obrera, y los principales representantes de la fuerza laboral que hacen vida en las empresas básicas de Guayana en CVG Alcasa, Venalum, Ferrominera y otros trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana.
Recordó el líder sindical que un caso parecido se registró en Italia en 1933, cuando Benito Mussolini realizo la convocatoria a una Constituyente Corporativa para demoler las instituciones establecidas y todos sabemos los resultados de ese fracaso que atenta contra la soberanía.
En estos momentos nacionales, la amenaza está latente porque de cristalizar esta aberración contra la democracia, las organizaciones sindicales desaparecerían y se eliminaría la genuina representación de los trabajadores y no contarían con quien contar a la hora de hacer valer los deberes y derechos. “No pueden venir a imponer a unos representantes sindicales que nadie escogió, través del voto directo y secreto” puntualizó.
Es por ello, que de manera enfática elevan la voz para exigir que se respete la Constitución vigente y no se pierda el tiempo elaborando una nueva. Se hace prioritario que a los sindicatos los dejen hacer como dice la Ley y los convenios suscritos con las organizaciones internacionales del trabajo; los cuales son de carácter constitucional, según el artículo 23 de la carta magna vigente.
“Exigimos que se puedan hacer elecciones libres, que no se persiga más a los dirigentes sindicales, que no se viole el fuero sindical, para ser despedidos con mandato expreso de la Inspectoría del Trabajo”, expresó Salazar.
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