Esta dictadura continúa en su huida hacia adelante como si no tuviera más margen de maniobra, como si no tuviera la oportunidad de salir dignamente del poder, en medio del repudio de la ciudadanía venezolana. Parece que ha decidido un “todo o nada” sin asumir que en cualquier democracia el ciudadano convertido en elector tiene la última palabra. Entre sus últimos desafueros propone una constituyente -con minúscula- que no es convocada ni elegida ni aprobada por el pueblo, lo cual es una verdadera aberración.
En su intento decide “restearse”, seguir hacia el precipicio. No se conforma con las decenas de muertos, centenas de heridos, perseguidos y presos políticos, sino que incrementa la represión sin asumir que el efecto de la misma es inversamente proporcional a la pasividad que aspira. Mientras más represión haya, más aumentará la combatividad del pueblo en la calle.
Un nuevo paso en este proceso de abuso y violación constitucional, tiene que ver con la posición de la fiscal general de la República. El hecho de que dicha funcionaria haya asumido el equilibrio como política, lo cual debió hacer siempre, ha traído como consecuencia que, al no ver la dictadura la actitud parcializada con la que había contado en la persecución a manifestantes pacíficos, decide aplicar la justicia militar y comienza por los estados Carabobo, Falcón y Zulia.
La Constitución es muy clara en eso. El artículo 49 exige la aplicación del debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas y ofrece la garantía del juez natural: “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”. Pero además, el artículo 261 deja claro que “… la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.”
¿Qué tiene entonces que ver la actuación de algunos jóvenes en La Villa del Rosario con delitos militares? Siempre he repudiado cualquier acto vandálico, pero quienes se presuman sus autores tienen que ser juzgados por sus jueces naturales y eso no está pasando en este caso. ¿Por qué emiten orden de captura para ser juzgadas por tribunales militares contra algunas de las mujeres que marcharon el sábado pasado hasta el Cuartel El Libertador? Díganme ¿cuál es el delito militar cometido por aquellos jóvenes o por estas féminas?, ¿no es este un acto adicional de cobardía que intenta amedrentar a una ciudadanía que luce comprometida con la democracia y la libertad?
Y ante el incremento del abuso y de la crueldad de estos dictadores, ¿dónde están las voces disidentes, demócratas dentro del chavismo? Reconozco la actitud de la fiscal general de la República, de dirigentes muy vinculados al chavismo como Eustoquio Contreras y Mari Pili Hernández. Es valiosa la declaración contundente y nunca tardía de Gustavo Dudamel así como el sensible exhorto del hijo del funcionario que se hace llamar indignamente defensor del Pueblo. Todas sus opiniones han sido valiosas. Pero en este momento de profunda gravedad y riesgo de nuestra República, es imprescindible que surjan voces internas que se rebelen ante el empeño de algunos de acabar con la Constitución y el estado de derecho por una primitiva ambición de poder.
Venezuela necesita voces demócratas, hasta dentro del chavismo, que salgan en defensa de nuestra dignidad como país. Por encima de cualquier proyecto político, más si el mismo es víctima de una evidente desviación, debe estar la conciencia de institucionalidad, democracia, justicia y libertad que se pierde de manera progresiva. No dudo que seguirán escuchándose voces que dentro del “proceso”, fuera de él y más allá de nuestras fronteras, saldrán a luchar por esos valores que nunca deben perderse, saldrán a rescatar esos muros que nunca debieron sobrepasarse.
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