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Declaran improcedente la solicitud de amnistía a dos policías metropolitanos

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La ONG Foro Penal dio a conocer la mañana de este jueves, 19 de marzo, que el gobierno declaró improcedente la amnistía para dos de los policías metropolitanos que han estado en condición de presos políticos desde hace más de dos décadas.

“Declaran improcedente la solicitud de amnistía para los presos políticos Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, policías metropolitanos detenidos desde 19 de abril de 2003 por los acontecimientos del Puente Llaguno”, indicó el Foro Penal en sus redes sociales.

La organización compartió el documento en el que el Circuito Judicial del estado Aragua declaró la improcedencia de la solicitud de amnistía que había sido presentada por el abogado Eleazar Medina.

Aunque esta decisión se está conociendo hoy, el folio tiene fecha del 3 de marzo, es decir, que data de hace dos semanas.

En el documento, la autoridad insistió  en que Bolívar y Molina Cerrada están acusados de “homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva”, así como “lesiones personales graves en complicidad correspectiva”.

Es necesario recordar que son tres los policías metropolitanos que siguen encarcelados en Venezuela. El tercero de estos presos políticos es Héctor Rovain, que no es mencionado en el documento en cuestión.

Negativas de amnistía

En la última semana, la gestión de la Ley de Amnistía ha sido especialmente complicada, pues varios de los presos políticos, recientemente excarcelados pero aún sujetos a medidas sustitutivas, han denunciado que se les ha negado la libertad plena.

Es el caso de la periodista Nakary Mena y su esposo, el productor audiovisual y asistente de cámara  Gianni González; Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria en el contexto electoral; Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela; y los dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo.

Asimismo, Juan Pablo Guanipa y su abogado Joel García ya habían denunciado en febrero que el dirigente zuliano seguía sometido a procedimientos judiciales, según pudieron saber al tener acceso al expediente, lo que desmintió que había sido amnistiado.   Posteriormente, un tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo decretó el sobreseinmiento de la causa.

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