El Ministerio Público de Guatemala, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, sigue minando el camino del presidente electo, Bernardo Arévalo, para que tome posesión.
La semana que acaba de culminar, la Fiscalía abrió un nuevo caso que no solo señala al mandatario como responsable de daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sino que abre un antejuicio y exige despojarlo de su inmunidad para procesarlo.
La querella también alcanza a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y diputados del Movimiento Semilla, el partido político que enarbola un discurso anticorrupción que le granjeó el suficiente apoyo popular para ganar la segunda vuelta electoral.
“Las acciones del Ministerio Público contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables”, expresó Arévalo en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la nueva investigación, señaló que al presidente electo por supuestos “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita”.
En una rueda de prensa ofrecida la Fiscalía acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario estatal; una protesta estudiantil en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores, cuando los universitarios denunciaron irregularidades en la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.
Aparte del antejuicio contra la dupla presidencial del Movimiento Semilla, la Fiscalía emitió 28 órdenes de captura, la mayoría relacionadas a este nuevo caso y otra orden de arresto contra el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordan Rodas, por otra causa.
Rodas había participado en el proceso de selección de rector de la Usac, pero fue torpedeado. En su lugar fue electo Mazariegos, a quien Estados Unidos incluyó en julio pasado en la Lista Engel de sancionados por desvirtuar “procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”.
Aunque se trata de causas separadas, según el Ministerio Público, Rodas asegura que este nuevo caso contra el presidente electo es parte de la misma insistencia del “pacto de corruptos” de Guatemala para sabotear la toma de posesión, por ende, insiste, burlar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas.
“El caso contra mí y contra el presidente Arévalo está mal planteado, no tiene sustento legal alguno, pero esto es una prueba más de que no solo la Fiscalía, sino el pacto de corruptos no respetan la decisión popular. Así como se robaron las elecciones en la universidad San Carlos, se están queriendo robar las elecciones del país, cuando la gente optó claramente por tener a Bernardo Arévalo como próximo presidente del país”, dijo Rodas a EL PAÍS, exiliado desde hace un año y dos meses, luego de que su candidatura vicepresidencial en el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) fuera bloqueada.
De hecho, la orden de captura emitida este jueves contra Rodas está relacionada con la participación del exprocurador en la contienda electoral de 2023.
El País de España
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