Tras la instalación formal de la Comisión Especial que redactará la reforma parcial de la Ley contra el Odio, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló este lunes en rueda de prensa que la mencionada legislación fue necesaria en su momento para mitigar conductas violentas de distintos sectores de la sociedad venezolana.
Por otra parte, cuestionó los juicios emitidos por sectores adversos contra actores políticos de su misma tendencia que han valorado de forma positiva la gestión del Ejecutivo. Ante esto, descartó que el partido promueva discursos violentos, persecuciones o campañas de odio en redes sociales contra cualquier sector político.
Enfatizó que el Gobierno nacional orientará sus acciones a garantizar la estabilidad del país mediante mecanismos pacíficos.
El PSUV se moviliza
Asimismo, Cabello, convocó a una movilización en Caracas para el 7 de octubre, en conmemoración de la victoria electoral de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012.
Por otro lado, el dirigente oficialista también anunció que el 12 de octubre se llevará a cabo una movilización con motivo del Día de la Resistencia Indígena. Además, recordó la convocatoria al Congreso de la Juventud Indígena, el cual se celebrará del 25 al 31 de este mes.
Consulta Popular avanza
El secretario general del PSUV, además, destacó que el cronograma y las fases previas a la Consulta Popular se cumplen según lo previsto. Aseguró que la campaña se desarrolla en los territorios, junto a las comunidades organizadas.
Cabello informó que hasta la fecha se han registrado más de 37 mil proyectos, con la participación de los Consejos Comunales y las Comunas. Calificó estas consultas como un ejercicio democrático auténtico y una muestra de conciencia y movilización popular, en el que los ciudadanos definen sus propias prioridades.
El dirigente oficialista precisó que el modelo de organización comunal despierta interés internacional por la forma en que las comunidades gestionan y fiscalizan sus presupuestos. A su juicio, la participación directa de los habitantes funciona como un mecanismo de contraloría social que garantiza el uso adecuado de los recursos.
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