Es conocido, que cuando una crisis económica avanza las causas originales pasan a ser consecuencias y viceversa, con el agravante que algunas de las acciones que se adoptan (o dejan de tomarse) para enfrentarla lo que hace es alimentarla, retrasando aún más el ajuste de la estructura económica. Tal es el caso venezolano, habida cuenta de haberse asumido en los últimos 10 años la «estrategia» (a muy largo plazo) de mantener la sobrevaluación o atraso cambiario del bolívar (relación entre el tipo de cambio real y nominal), bajo la perversa premisa de reducir los precios de los productos importados en aras de contribuir a disminuir la alta inflación del país (64% en 2014), sacrificando el aparato productivo nacional y magnificando la enfermedad venezolana al ampliar la dependencia del desenvolvimiento económico-social a las divisas generadas por el sector externo petrolero, en total desprecio al conocimiento elemental en cuanto a que la generación de riqueza está condicionada por el tamaño del capital social muy especialmente en lo que se refiere a la manera de organizar el funcionamiento de la estructura productiva nacional en torno a un tipo de cambio competitivo para propiciar la diversificación industrial y un desarrollo económico sustentado en una creciente productividad en actividades de alto valor agregado (en nada vinculado con conucos y criaderos verticales).
El interés de los ciudadanos por conocer, desde la óptica gubernamental, cómo se llevaría a cabo el salto adelante desde el actual modelo socio productivo de indefinido enfoque ideológico en economía política, centrado en comunas estructuradas como una yuxtaposición de la sociedad imperante dificultando alcanzar unas condiciones generales de funcionamiento, hacia la «transición económica al socialismo productivo» (de similar debilidad conceptual); se desvaneció ante un discurso que no ofreció orientación sobre el devenir de nuestra economía, salvo que continuará la política monetaria expansionista en función a cubrir el déficit fiscal (20% del PIB en 2014), para cubrir insuficiencias operativas del sector público vía BCV y para incrementar el gasto público en un año 2015 que se estima decrecerá el PIB cerca de un 7% y la insuficiencia de divisas puede situarse en unos US$ 36.000 millones. Todo ello, facilita pensar que se mantendrá la indeseable emisión de dinero inorgánico con obvio efecto hiperinflacionario como consecuencia de reiterar la política populista de cambiar inflación por apoyo electoral. A pesar de tan dañina visión, y dado que cualquier política de ajuste está íntimamente ligada a la credibilidad que sobre ella tengan los agentes económicos, hemos de asumir que luego de los «anuncios» presidenciales se generó un aumento del clima general de incertidumbre con especial atención a la inflación acelerada (más de 100% en 2015) hecho que evidentemente condiciona las decisiones de inversión, lo cual se acrecienta por la ausencia de un clima de confianza sustentado en reglas claras y un obligante Estado de Derecho.
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