Nicolás Maduro, igual que Hugo Chávez, ha tratado de enarbolar la bandera del nacionalismo para enfrentar las justificadas críticas surgidas, en amplios sectores de la opinión internacional, por sus arbitrarias acciones represivas contra la oposición democrática. Sus asesores comunicacionales le han insistido en la necesidad de acusar de entreguistas a todos los gobiernos venezolanos anteriores a la mal llamada revolución bolivariana. En estos días escuché en Radio Nacional una cuña afirmando que la nacionalización petrolera no era obra de Carlos Andrés Pérez, porque las filiales venezolanas, al reemplazar a las transnacionales, continuaron vendiendo petróleo a Estados Unidos. El nacionalismo petrolero fue bandera fundamental de Acción Democrática expresada esencialmente por la creación de la OPEP en 1960 y la acción militante de importantes líderes democráticos como fueron Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez Alfonzo.
Hugo Chávez, en su esfuerzo por falsificar la historia, diseñó, desde el inicio de su gobierno, una campaña orientada a descalificar la política exterior de los gobiernos democráticos. En justicia, esos gobiernos mantuvieron no solo una política internacional absolutamente independiente de cualquier centro de poder, incluyendo Estados Unidos, sino que se negociaron importantes acuerdos limítrofes, muy beneficiosos para nuestro país, en los cuales se definieron las áreas marinas y submarinas con: Estados Unidos, a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes; el Reino de los Países Bajos, a través de Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio; Republica Dominicana; Francia, a través de Martinica y Guadalupe y Trinidad y Tobago. A partir de 1998, no se ha avanzado en ninguna negociación. Están pendientes: Colombia, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Reino Unido, a través de Montserrat, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, y Barbados.
Los acuerdos firmados por los gobiernos democráticos siempre tuvieron un objetivo estratégico: garantizar a Venezuela una salida soberana y libre desde la cuenca del río Orinoco al océano Atlántico, establecer una zona económica exclusiva de 200 millas, y permitir la exploración y explotación de aquellas áreas pertenecientes a cada país.
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