El embajador Héctor Constant Rosales, representante de Venezuela en Naciones Unidas, calificó de “penoso discurso” el informe oral presentado este martes 21 de marzo por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, donde se resaltó la ocurrencia de nuevas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad en el país, así como la necesidad de que se liberen a todos los presos políticos y se realicen investigaciones reales sobre torturas.
En su intervención, tras el informe de Volker Türk, Constant dijo que es “triste que al Alto Comisionado se vea obligado a hablar sobre Venezuela bajo esta resolución, que solo representa el ruidoso caos del oprobio y la calumnia”.
La resolución a la que hizo referencia el funcionario venezolano es la 51/29 de octubre de 2022, donde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la extensión del mandato de la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela para revisar aspectos de violaciones a los Derechos Humanos y cooperación técnica por otros dos años.
Para el embajador Constant, dentro del informe de Volker Türk se hicieron acusaciones e “inapropiados juicios de valor que no han sido comprobadas” por la Oficina del Alto Comisionado. Aseguró que esto responde al “filtro mediático” impuesto por otros países y “que tanto daño hace” a Venezuela.
A pesar de ello, el embajador señaló que les complace la visión de Türk “sobre el compromiso y diálogo constructivo, y su disposición que el discurso en torno a los derechos humanos no sea politizado”. Además, reiteró el apoyo del gobierno venezolano y su voluntad de cooperar con el Consejo y la Oficina del Alto Comisionado en base a los principios de respeto.
Constant dijo que se tomaron nota de las preocupaciones expresadas por dicha instancia «y se ofrecerá respuesta detallada en su debida oportunidad». Además, puso como ejemplo la anulación vía judicial del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar -que despenaliza las relaciones homosexuales dentro de la Fuerza Armada- como ejemplo de las buenas relaciones entre la Oficina del Alto Comisionado y el Estado venezolano.
También reiteró que las sanciones contra el país y decenas de funcionarios “violan el derecho internacional» y constituyen un «verdadero crimen de lesa humanidad”. El embajador pidió que se establezca el abordaje de las sanciones como parte de la evaluación sobre el país.
Durante el diálogo interactivo, países como Cuba, Bielorrusia, Nicaragua, Corea del Norte e Irán apoyaron los reclamos de Venezuela sobre intervención en sus asuntos internos; mientras que el representante de Argentina, que también se sumó a los reclamos por las sanciones, hizo un punto y aparte e instó a las autoridades venezolanas a que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como implementar las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado.
Países reclaman a Venezuela
Una treintena de países, que participaron en el diálogo interativo sobre la situación de Venezuela, instaron al país a sancionar efectivamente las violaciones a los Derechos Humanos, respetar el espacio cívico y trabajar por unas elecciones libres y justas bajo recomendaciones internacionales.
Ecuador calificó como “fundamental” que cesen los actos de persecución e intimidación “contra las voces disidentes y se asegure el libre ejercicio de derechos de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica”. Su representante instó a Venezuela a cooperar de manera genuina con la Oficina del Alto Comisionado y los distintos mecanismos del Consejo de Derechos Humanos.
El embajador de Uruguay reiteró la necesidad de llevar a cabo reformas sustantivas y sostenibles en Venezuela “que permitan recobrar la plena vigencia del Estado de derecho a través de un diálogo inclusivo y trasparente”.
Mientras que el representante de Francia alentó a Venezuela a que aplique las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. “Las negociaciones y elecciones libres son la única manera de resolver la crisis venezolana”, destacó.
En una declaración conjunta, Paraguay, Canadá, Chile, Guatemala y Ecuador reclamaron que el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Oficina del Alto Comisionado “adquiere especial preocupación cuando deviene de un Estado que hasta diciembre fue miembro de este Consejo”.
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