La Constitución de de Venezuela establece en su artículo 55 que “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial”
¿Pero dónde ha quedado el cumplimiento de ese artículo en las familias venezolanas? Debido a que en los recientes años la escasez de alimentos, la inflación, y los bajos salarios han agudizado la situación en el país.
Eligio Rodríguez, coordinador regional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el estado Bolívar, expresó que “es preocupante lo que está sucediendo en Venezuela, las personas no solo mueren por causas de violencia -armas de fuego, blanca, u objetos contundentes- sino que también sucede por hambre”.
Entre diciembre de 2016 y enero se han registrado cinco casos asociados a la desnutrición. Las edades de las víctimas van desde 8 años hasta 7 meses.
“Es necesario atender con urgencia estos casos. El Estado es culpable por acción u omisión al no dar respuestas ante la muerte de esos niños por desnutrición. En la vivienda de Keiner viven 13 menores de edad, los cuales están en las mismas condiciones, y pasando por las mimas carencias. Es necesario aplicar políticas públicas para evitar que en esa casa ubicada en Brisas del Sur, se repita”, reiteró Rodríguez.
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