La medida fue expuesta ante la unidad judicial penal en el marco del denominado «Caso Laberinto», un proceso de investigación penal donde se le imputa la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La tesis del Ministerio Público, detallada por medios locales y agencias como EFE, sostiene la existencia de supuestas irregularidades, aportes no declarados e inconsistencias financieras en el origen lícito de fondos destinados a publicidad electoral. Específicamente, las indagaciones fiscales rastrean flujos económicos estimados en unos 500.000 dólares movilizados entre mayo y agosto de la campaña presidencial de 2023, en la cual González compitió por el movimiento Revolución Ciudadana.
Por su parte, la defensa de la exasambleísta y la dirección del bloque político correísta rechazaron categóricamente el procedimiento judicial, catalogándolo como una maniobra de persecución política institucional (lawfare).
Argumentaron que la causa carece de pruebas materiales concluyentes y señalaron la proximidad de los venideros comicios locales como el detonante de la medida privativa de libertad, la cual se dirime mientras la procesada permanece bajo custodia en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
Manténte bien informado y recibe nuestro resumen de noticias. Únete al grupo de WhatsApp o canal de Telegram Síguenos en Instagram: @eldiariodeguayana




























