La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio respuesta al último documento introducido por el Gobierno venezolano, el pasado 28 de febrero, para desechar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, la fiscalía de la CPI señaló que el Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados, juzgados y realmente sancionados.
El fiscal Karim Khan, basa su declaración en que el Estado venezolano no posee la estructura legal para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad, tampoco investiga a la cadena de mando (solo se limita a perpetradores) y tampoco juzga los delitos en base a persecución, torturas, privaciones arbitrarias de libertad, violación o abuso sexual, sino que las acusaciones se cambian o “diluyen”.
Advirtió, también, que estas conclusiones se hicieron sin perjuicio de otros crímenes que puedan determinarse en una etapa posterior.
En su investigación, la fiscalía de la CPI afirmó que “desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.
Para la Fiscalía, no se trata de temas aislados, y la investigación también concluyó que “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
El informe agregó que la Fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados, “son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
En el escrito, el fiscal Karim Khan recordó que se encontraron “bases razonables” para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”.
Detalló que, “las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
“Por las razones expuestas, la Fiscalía reitera respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”, concluyó la Fiscalía en su presentación ante la CPI.
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