Dos intensas jornadas de conversaciones entre representantes de empresas privadas, Gobierno y organizaciones sindicales se han completado como parte de la tercera sesión del Foro de Diálogo Social -que se lleva a cabo en Nueva Esparta con la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- con avances prácticamente nulos por la negativa del oficialismo a ceder en sus posturas.
Estas conversaciones, mediadas por la OIT, tienen como objetivo corregir el incumplimiento de los convenios 26, 87 y 144 firmados por Venezuela e ignorados por el Gobierno, pero esta reunión se centra especialmente en el 26, relativo al mecanismo para la fijación del salario mínimo, una solución que el oficialismo parece no estar dispuesto a aplicar.
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis) denunció que el diálogo no ha avanzado como se esperaba debido a la posición inflexible y cerrada de los funcionarios del Gobierno, encabezados por el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, quien rechaza la posibilidad de salir de este encuentro con un mecanismo consensuado para fijar el salario.
Pese a que el Gobierno reconoce la necesidad de incrementar la remuneración de los trabajadores –no en vano Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro han prometido venideras decisiones al respecto–, la prioridad parece ser mantener la política de bonos otorgados a través del Sistema Patria y definir los aumentos por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
“No hubo disposición del Gobierno a discutir el método de fijación. No quiere concertar una política salarial, se insiste en la bonificación del salario. La posición del ministro es que en el sector público se seguirán otorgando bonos sin carácter salarial a través del Sistema Patria. El monto y la periodicidad se fijan unilateralmente por el Gobierno”, indicó la directora general de Ovlis, Jacqueline Richter.
El Gobierno solo dio su brazo a torcer para acceder a crear una instancia técnica en la cual se pueda “discutir una metodología”, lo que deja lejos el objetivo de pactar un salario mínimo y un método para implantarlo, como se esperaba de esta reunión previamente ante la propuesta hecha por Fedecámaras antes de la llegada de la misión de la OIT a Venezuela.
Sin disposición a negociar
El punto complicado de la conversación y principal motivo de desacuerdo es, sin dudas, el salario. Sin embargo, los otros convenios, referentes a la libertad sindical (87) y al diálogo tripartito (144) tampoco se acercan a su cumplimiento.
Las múltiples denuncias, incluso registradas por la OIT, en torno a la persecución, arresto y judicialización de dirigentes sindicales son respondidas con el argumento de que no se tomaron esas acciones por sus actividades sindicales, sino que existían verdaderos crímenes que debían ser procesados. Por lo tanto, la disposición a liberar a los sindicalistas presos es diminuta.
Las organizaciones sindicales propusieron crear una mesa tripartita con presencia de la Asamblea Nacional, en la cual se permita evaluar reformas judiciales para incrementar la protección a la actividad sindical mediante la derogación de normas que criminalizan la protesta y la huelga. La respuesta del equipo de Torrealba también fue negativa.
De acuerdo con Richter, el discurso del Ejecutivo es monotemático, pues cada justificación que presentan para responder a las dificultades que padecen la población y la fuerza laboral de Venezuela, tiene que ver con las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
La pelota está del lado del Gobierno, que debe lidiar con una población laboral descontenta que exige la restitución de sus derechos desde hace años y que no descarta una posible huelga en caso de que las condiciones no cambien mediante el mecanismo mediado por la OIT.
El equipo de la OIT, encabezado por la Directora Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Corinne Vargha, deberá evaluar los avances –aparentemente nulos– de estas jornadas para publicar un informe sobre la evolución del Foro de Diálogo Social, a más de un año desde que el Consejo de Administración de la OIT exhortara la creación de esta instancia a la espera de cambios en la política laboral implantada por el chavismo.
Tal Cual
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