Caracas.-113 presos políticos tienen más de 3 años en prisión preventiva, aunque el actual ordenamiento jurídico no lo permite; así lo reveló este martes el abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
La ley establece -explicó- que la prisión preventiva puede ser de dos años, prorrogable a un año más como máximo pero, sin embargo, aquí hay personas con 5, 6 y hasta 7 años más.
Hay casos -aseguró- en los que, aun cuando el tribunal ordena que alguno de los presos políticos sea sometido a tratamiento médico o exámenes, no se respeta esta orden.
Himiob reveló que al menos 50 presos políticos necesitan atención médica urgente en los actuales momentois, como es el caso de Javier Tarazona, pero a muchos se les impide recibir atención médico asistencial. “Mediante estos hechos no hay intención de ley, sino de enviar un mensaje”.
El director de Foro Penal afirmó que hoy día la persecución política está focalizada en sindicalistas, líderes estudiantiles y enfermeras que generen protestas.
También recordó que hubo una situación grave de irregularidad, como es el caso del tribunal que tenía asignada la competencia para conocer casos supuestamente vinculados al terrorismo, de la noche a la mañana, perdió su competencia.
Cuando esto sucede -afirmó- los juicios quedan interrumpidos y procesos que ya estaban avanzados , como son los casos de Roland Carreño y Javier Tarazona, quedan en cero.
Himibio indicó que ayer lunes se supo el inicio del nuevo juicio contra Roland Carreño y de las personas vinculadas a él, pero es el único que se sabe. “Si él resulta inocente, todos esos años que estuvo en prisión serán resarcidos y asumidos como una condena anticipada que se le hizo pagar sin ser responsable”.
Estos privados de libertad -enfatizó- tendrán que pasar más tiempo en prisión en un proceso que no se sabe cuánto tardará. Al menos 42 presos políticos deben reiniciar sus audiencias después de 3 años o más privados de libertad.
Asimismo, advirtió que en Venezuela el proceso penal se ha desnaturalizado y la prisión preventiva se ha convertido en una pena anticipada, derivando en un mecanismo de represión e intimidación.
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