El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, publicó un comunicado vía Twitter este martes 28 de febrero donde informó sobre la entrega de un documento a la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la administración de Nicolás Maduro en el que afirma entregado evidencias que ratifican que el caso Venezuela I, en el cual se investiga al Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, es de carácter político.
La misiva indica que el proceso de la CPI fue parte de una estrategia elaborada por Estados Unidos para un “cambio de régimen” y expresa que la documentación presentada “desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica” para acusar a la administración Maduro y desprestigiarla, calificando esas acciones como “colonialismo político”.
En el texto se manifiesta que el sistema de Justicia venezolano está “activo” de manera permanente y puso el ejemplo de un caso presentado por la Fiscalía de la CPI, que al parecer cuando fue entrevistado por las autoridades venezolanas negó que había sufrido alguna vulneración a su integridad personal como dijo a los funcionarios en La Haya.
Sin revelar su identidad, señaló que en 2019 fue designado por la Asamblea Nacional para “ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales”.
También manifiesta que la Fiscalía de la CPI, dirigida por Karim Khan, cometió varias violaciones al debido proceso y otras presuntas irregularidades durante todo el caso y señala a esa instancia de tener “vínculos probados” con ONGs que dieron información para sustentar el caso y por ende, sugiere que eso «pone en duda la imparcialidad y objetividad de dicha corte”.
La carta contra la CPI fue publicada una vez que el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, presentara su discurso en Ginebra con motivo de la inauguración del 52° periodo de sesiones del Consejo de Derechos humanos de la ONU, donde rechazó la “politización” y “dobles estándares” que asegura quieren implementarse en esa instancia.
El pronunciamiento también ocurre días antes de que la CPI cierre el lapso para que las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela presenten sus opiniones llenando el formulario habilitado por esa instancia hasta el próximo 7 de marzo. Estas opiniones están siendo compiladas en un informe que será presentando por la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) el próximo 21 de marzo.
Hasta el 23 de febrero, han recibido los testimonios de 441 personas y 47 familias sobre las graves violaciones a los derechos humanos que han padecido en Venezuela, por lo que solicitan a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que permita continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
Tal Cual
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