Hungría.-Budapest endureció ayer lunes sus leyes contra los migrantes, autorizando al ejército a emplear armas no letales para contener las llegadas, mientras que los países europeos intentan ponerse de acuerdo sobre un principio de repartición de los refugiados.
Hungría, un país que selló la semana pasada su frontera con Serbia para frenar el flujo de migrantes, aprobó este lunes ampliar los poderes del ejército y la policía para impedir la entrada de personas en su territorio.
Se estima que unos 225.000 migrantes han transitado por el país desde principios de año, que se ha convertido en el punto de entrada de los refugiados que buscan llegar a Europa occidental desde los Balcanes.
La nueva legislación permite aumentar el contingente de soldados y policías desplegados en las fronteras y autoriza, bajo algunas condiciones, que los agentes abran fuego contra los migrantes, a condición de que los tiros no sean mortales.
«Nuestras fronteras están en peligro. Nuestro modo de vida basado en el respeto a la ley está en peligro. Hungría y toda Europa están en peligro», dijo el primer ministro, Viktor Orban, durante el debate.
El grupo internacional de defensa de los derechos humanos Comité de Helsinki criticó la normativa y dijo que «los refugiados que han huido de la guerra y del terrorismo ya han sufrido cargas de la policía y del ejército en sus propios países».
La nueva legislación -aprobada después de que este mes Hungría catalogara como un crimen con pena de cárcel la entrada ilegal en su territorio- proyecta además la posibilidad de registrar domicilios privados donde se sospeche que hay inmigrantes escondidos.
Una postura común
En este contexto, los países europeos buscan esta semana ponerse de acuerdo sobre un principio para repartir a los refugiados. La peor crisis migratoria que ha sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha expuesto las profundas diferencias entre los 28 países del bloque, especialmente entre países que pertenecieron a la órbita soviética y Europa Occidental, a donde buscan llegar los migrantes.
Los ministros de Exteriores de los seis países de Europa central opuestos a una repartición obligatoria de refugiados -Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Letonia- se reunieron en Praga ayer con su homólogo luxemburgués, Jean Asselborn, cuyo país preside actualmente la Unión Europea (UE).
Tras la reunión, el ministro checo de Asuntos Exteriores, Lubomir Zaoralek, dijo que los participantes estaban comprometidos con encontrar una «postura común».
El martes en Bruselas los ministros de Interior de la UE tratarán de hallar un consenso sobre la crisis, antes del Consejo europeo del miércoles, con los jefes de Estado y de gobierno.
Última oportunidad
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la reunión del miércoles supone probablemente la «última oportunidad de Europa para llegar a una respuesta unida y coherente» ante la crisis.
El Consejo europeo del miércoles también examinará la ayuda a los países fronterizos de Siria (Turquía, Líbano, Jordania), en cuyos campamentos se han refugiados millones de refugiados, y que ya no tienen los medios financieros para hacer frente a esta emergencia humanitaria.
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