Boasberg solicitó al Gobierno de Washington que intente remediar la violación de esta orden o que, en su defecto, proporcione información de los funcionarios implicados en la decisión de enviar a unos 200 venezolanos a la cárcel de máxima seguridad diseñada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para retener indefinidamente a los pandilleros más peligrosos en el país centroamericano.
Con esta decisión, el juez federal da inicio al proceso para declarar al Gobierno de Estados Unidos en desacato por ignorar una orden judicial. La Casa Blanca ha anunciado ya que recurrirá.
Sin embargo, la orden del juez del pasado 15 de marzo claramente exigía que esos aviones regresaran de inmediato a EEUU. Esa misma noche, las naves aterrizaron en El Salvador, cargadas con inmigrantes que, de acuerdo al Gobierno, pertenecen al grupo Tren de Aragua, una organización declarada terrorista por Trump y que Bukele tiene encerrados en su ya célebre prisión.
En su memorándum, el magistrado de Washington asegura que «el tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, dio a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria». Argumenta, además, que las decisiones judiciales deben acatarse «sin importar lo enormes que puedan ser».
En el caso también medió la Corte Suprema, disolviendo la orden de Boasberg en un fallo por poco margen, al determinar que las impugnaciones debieron haberse interpuesto como recursos de habeas corpus. Sin embargo, es un fallo que no invalida retroactivamente la orden inicial, de acuerdo a la conclusión de Boasberg.
«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió. Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas contra el Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EEUU y a El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada».
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
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