Américo De Grazia, secretario general de La Causa R, planteó la necesidad de regularizar el ejercicio de la minería en el estado Bolívar, para garantizar la defensa del medioambiente, la protección económica de quienes la practican y del Estado venezolano.
Señaló que hace una semana se dan por desaparecidos o secuestrados tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona de El Bochinche, del municipio Sifontes, cercano a Tumeremo, frontera con el Esequibo, lo cual ha profundizado la violencia y la persecución a los mineros de la zona.
«A partir de esta desaparición, los efectivos militares entran en la zona quemando, arrasando, encarcelando, maltratando y atropellando a los mineros que mantienen actividad económica y social en esta área», describió el parlamentario, quien insiste en que es urgente legalizar y reglamentar la explotación y ponerla en concordancia con la protección del ambiente e incluso garantizar que el Estado perciba las ganancias desprendidas de la actividad.
«Hemos dicho hasta la saciedad que la criminalización de la minería es un círculo vicioso que debe ser cambiado por un círculo virtuoso, lo cual es posible a través de la legalidad y del ordenamiento territorial, de la repartición de cédulas de minería», clamó De Grazia, quien sostiene además que es imposible plantear una solución definitiva mientras que se sigan presentando las prácticas de extorsión y «martilleo» a los mineros.
Unos 40.000 mineros están siendo afectados por estas prácticas de los efectivos militares, quienes aparentemente utilizan a bandas de la delincuencia organizada como una especie de agentes de retención, denunció el diputado.
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