Recuerdo que, en 1998, en Ciudad Guayana, urbanismo creado a los galopantes pasos de la industrialización de las abundantes riquezas minerales, hidráulicas, forestales y de todo tipo, prodigiosamente enclavadas en estas tierras de gracia, sólo existía un tribunal con competencia laboral.
Cuando se crea una ciudad, todo falta o escasea. En tales escenarios, la barbarie anda suelta. E impone su ley. Así que hablar de justicia, en esas situaciones al igual que de cultura, música, solidaridad y otras maravillas humanas, es de un desentono total que en vez de enaltecer a sus pregoneros, la jauría humana extraviada lo hacen objeto de sus burlas y mofas.
La justicia laboral era, en esa época al igual que hoy, una simple quimera. Eso tenía que cambiar. Y vino Chávez con su proceso constituyente.
El látigo verbal del líder barinés, en cuanto al funcionamiento de la justicia como parodia, era fustigante.
Con la virulencia de su lenguaje provocó en el ámbito de la justicia, reacciones de esperanzas cultivadas por los ciudadanos.
Del proceso constituyente nació la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en las ancas de la misma, la justicia laboral especializada, la cual adquirió, acto seguido, identidad propia, con la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Vinieron los tribunales laborales, incluida su Sala de Casación Social, con sede en Tribunal Supremo de Justicia. Con esa base institucional como nunca la hubo, un soplo de viento guapo, cargado, de ilusiones, inundó el país.
Se respiraba en los espacios sensibles del país que, al fin, los trabajadores tendrían justicia.
Pues, a la cabeza de ese andamiaje institucional / jurisdiccional, recién creado, están los principios y normas de rango constitucional del derecho del trabajo que, sin dudas, mucho pueden ayudar a los operarios del derecho del trabajo, principalmente a los jueces, a la hora de resolver profesionalmente los asuntos laborales llevados a ellos.
Pero esa ilusión nacional, ius laboralista, 17 años después, sólo quejas y desprecio social ha cosechado.
La justicia laboral hoy, respecto a 1998, sólo es diferenciada por el tamaño de la barriga de la actual, ya que de justicia nada tiene.
Los tribunales laborales con asiento en Ciudad Guayana (al igual que en el resto del país), no le son útiles a los trabajadores. No actúan profesionalmente.
Los tribunales laborales actuales sólo obedecen a las instrucciones de los caporales de la política adueñados, circunstancialmente, del poder nacional.
Las instrucciones desde el alto poder nacional es que no se toquen los intereses de las empresas llamadas básicas y otras instituciones del Estado, en las decisiones judiciales, aunque en la realidad de los casos no tengan razón.
Ejemplo de lo antes afirmado es el caso de los trabajadores jubilados después del 8 de mayo del 2012.
Recuérdese que a los fines de ganar las elecciones presidenciales del 2012, Hugo Rafael Chávez Frías anunció la reforma del la Ley Orgánica del Trabajo y creo la LOTTT.
En la LOTTT, Chávez devolvió el pago doble de las prestaciones sociales a la realidad laboral venezolana y en su artículo 92 estableció que cuando la relación laboral termine por causas ajenas a la voluntad del trabajador/a, el patrono, en tal situación, le debe pagar el doble de las prestaciones sociales, al trabajador/a, involucrado/a.
La jubilación es una causa de terminación de la relación laboral ajena a la voluntad de las partes, y si es ajena a la voluntad de las partes, es obvio que también es una causa ajena a cada una de las partes.
Esa obviedad no la ven los tribunales laborales de Puerto Ordaz, solo porque tienen las instrucciones de no reconocer el pago doble de las prestaciones sociales de los jubilados.
Así, los tribunales laborales le sirven a los caprichos de los políticos, no a los intereses de los trabajadores.
En el caso de la negativa del pago doble de las prestaciones sociales de los jubilados de las empresas básicas, los jueces laborales saben que están mintiendo!
¡Vendrán tiempos mejores!
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