En verdad, es inexplicable que un gobierno mantenga a su país en medio de un permanente y absurdo espectáculo para tratar de enfrentar el innegable deterioro de la popularidad de Nicolás Maduro. La primera bandera fue la guerra económica. La inmensa campaña de propaganda, tratando de responsabilizar a Fedecámaras, terminó en un inmenso fracaso. De inmediato comenzó el señalamiento sobre el contrabando hacia Colombia. Se incrementaron sin éxito los controles en la frontera. También se prohibió a los buhoneros vender productos de primera necesidad. Después, el ridículo golpe de Estado y el secuestro de Antonio Ledezma. Ahora, la guerra contra Estados Unidos. Soy el primero en rechazar cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela, sea esta norteamericana, cubana o de cualquier otro país, pero tampoco se puede obviar dieciséis años de permanentes provocaciones a Estados Unidos, responsabilizándolos de todos nuestros males.
Es imprescindible discutir con la mayor objetividad posible este delicado asunto. Sus consecuencias pueden ser muy dolorosas para Venezuela. La igualdad jurídica de los Estados y el fortalecimiento de la soberanía nacional fueron principios que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y bandera fundamental para la independencia de los países del Tercer Mundo en África y Asia. En estos últimos años ha surgido, en medio de la crítica a la estructura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una importante modificación del concepto de soberanía, el cual de absoluto empezó a percibirse como relativo. El mundo aceptó que los derechos humanos, al ser universales y sujetos del Derecho Internacional, se encuentran protegidos por encima de la soberanía de los Estados. La innovación, que este criterio introdujo en la Carta de las Naciones Unidas, obliga a los Estados miembros a tomar medidas para su defensa y protección en cualquier país.
Esta nueva realidad del Derecho Internacional podría justificar el contenido del decreto de Barack Obama. No se sanciona al gobierno y mucho menos a Venezuela, sino a un grupo de funcionarios, militares y civiles, que a su criterio violaron los derechos humanos durante manifestaciones públicas de protesta. Además, son medidas que se ejecutarán en el territorio norteamericano. La exageración podría estar en el encabezamiento del decreto, aunque se ha aclarado suficientemente que tiene por finalidad superar un problema de política interna: facilitar la aplicación de las medidas sin la previa autorización del Congreso norteamericano. Realmente, Venezuela no constituye una amenaza para Estados Unidos. Lo grave ha sido la desproporcionada respuesta de nuestro gobierno. Las arengas patrioteras de Maduro y la solicitud de una Ley Habilitante, para limitar aún más nuestros derechos ciudadanos, son parte de la típica respuesta de los gobiernos totalitarios.
Tratar de obtener beneficios políticos internos, poniendo en riesgo la seguridad nacional, es una irresponsabilidad inaceptable. Es verdad, que el decreto del presidente Obama está siendo utilizado para favorecer sus posibilidades electorales. De todas maneras, no creo que el PSUV y la alianza política que lo respalda puedan triunfar. La crisis política, social y económica es de tal gravedad que es muy difícil que eso ocurra. Lo más descabellado ha sido la intervención de Maduro durante la última manifestación. Imaginarse que Rusia va a respaldarlo en su enfrentamiento con Estados Unidos es desconocer la delicada situación europea por la crisis de Ucrania.
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