En 2001 mediante la inconsulta Ley de Tierras, se decretó la escasez y desabastecimiento de carne, leche, queso y otros alimentos que este 2015 sufrimos los venezolanos. Además de priorizar el conuco, los chiqueros, gallineros verticales y huertos organopónicos, se invadieron, y expropiaron los mejores y más grandes hatos llaneros. Previendo lo que vendría desde estas páginas preguntamos: «Sin tierras ni ganado ¿qué carne comeremos?».
Hoy en día, sin ganado, carne, leche ni queso, Venezuela debe importarlos por barcos enteros para la gente más o menos comer. Esto solo cuando hay en los detales, se tiene con qué comprar, y la cédula o el captahuellas coinciden con el día de la venta racionada. El terror agrario por ley comprometió la producción pecuaria. Sin hatos de cría no hay becerros ni mautes que levantar como novillos o toretes para el engorde y venta final al beneficio. Tampoco hay becerras, mautas y novillas, que son el reemplazo de las vacas que al descarte por improductivas, en carne se convierten. Al romper el ciclo ganadero que dura 5 años, decrece el inventario nacional de ganado. El resultado es la oferta insuficiente de ganado y carne a la demanda y el consumo. Por su parte los controles de precio del ganado en pie, la leche y el queso, que limitan los ingresos brutos y netos, anulan la capacidad de gasto operacional, acceso al crédito y reinversión productiva. Así comprometen la producción y productividad pecuarias. Con menos ganadería menos producción, más déficit de carne y otros productos pecuarios, y además por el crecimiento poblacional.
Mientras los hatos estatizados siguen siendo depredados de sus activos incluyendo el fundamental ganado, y la flora, fauna y recursos naturales. Por eso no son productivos ni pueden sustentarse como fueron y pueden serlo con propietarios privados. Sin controles ni auditoría seria, el deterioro continúa en cada cambio ministerial. No debiendo continuar así, la intervención y reprivatización de los hatos estatizados es lo que procede, estableciendo las responsabilidades de ley por los daños y pérdidas al patrimonio nacional, y la seguridad alimentaria de los venezolanos. Tal como ha demostrado, el Estado no es ganadero sino perdedero.
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