–En su tercer informe, publicado este martes, señaló que “la situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante”
La misión internacional independiente de Verificación y Determinación de Hechos sobre Venezuela, designada por la ONU, presentó este martes su tercer informe anual respecto a la situación en nuestro país, centrándose en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que cometieron funcionarios del Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU.
La referida instancia documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles en la sede de la Dgcim, así como también en una “red de centros de detención encubiertos en todo el país.
Entretanto, la misión de la ONU indicó que 90 personas fueron víctimas por parte de funcionarios del Sebin, muchos de ellos opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, se registraron actos de torturas y maltrato en su contra. Destacó que los arrestos arbitrarios que ejecuta ese cuerpo de seguridad se hacen después de vigilancia e investigación previa y bajo las órdenes del director del organismo.
“Las violaciones del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la Misión en su tercer reporte.
De igual forma, la misión hizo un análisis respecto a la situación en el Arco Minero y otras zonas que se dedican a la minería en el estado Bolívar donde concluyeron que el Estado y funcionarios en específico tienen responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en esas zonas.
“La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas”, declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
Infobae/Provea
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