Guasipati.- Jorge Fajardo, transportista y motorizado, hizo público lo que considera un atropello y maltrato durante los operativos que las autoridades realizan en los municipios del sureste del estado Bolívar, especialmente en la capital de Roscio.
Afirmó que está completamente de acuerdo con este tipo de labores, pues no duda que dentro del gremio de motorizados hay personas que no son de recto proceder, y se evidencia que este vehículo se utiliza en acciones delictivas.
«Estas actividades de control son legales dentro de las campañas de profilaxia social, que son necesarias, pero no se pueden convertir en un acto de violación de los más ingentes derechos, como el respeto y la consideración al ciudadano, así como atentar contra el derecho constitucional de la propiedad privada».
Hizo referencia a los atropellos y maltratos cuando aquellos ciudadanos que, a pesar de poseer toda su documentación y otros elementos que exige la ley para el uso de este vehículo, se les retiene la moto, y en el caso de Guasipati han sido trasladadas al municipio Sifontes, acción que atenta en contra de los motorizados cumplidores de la Ley.
«El bolsillo de padres de familia es atacado cuando hay que cancelar la grúa, 1.500 bolívares, 600 de multa, además de los costos de traslado a Tumeremo y las carreras que hay que pagar para llegar hasta el estacionamiento», reclamó.
Fajardo estuvo acompañado de otros compañeros de trabajo. «En el operativo pasado fueron retenidas y trasladadas 26 motos a Tumeremo, lo que se traduce en unos 39 mil bolívares, solo en pago de grúa, acción que consideramos ilegal, por cuanto no se justifica que seamos trasladados a otra jurisdicción y que nos obliguen a cancelar estas sumas de dinero».
Según informaron varios de los afectados, casi todos estaban dentro del marco de la Ley, y aun así les retuvieron y trasladaron el vehículo al municipio Sifontes.
CON EL PROCESO, PERO CALLADO
Jorge Fajardo afirmó que acompaña al proceso revolucionario, pero ha tenido que quedarse callado cuando algunas personas han comentado que pareciera que estas acciones responden a la guerra contra el pueblo, por cuanto estas acciones molestan a los motorizados, colectivo muy amplio y que en su mayoría es gente del pueblo, que utiliza este popular vehículo para trabajar como mensajeros, mototaxistas, para uso particular, como transporte y otras actividades enmarcadas en la Ley, esperando que estas acciones sean corregidas en el futuro.
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