MUD se compromete a eliminar Zonas de Paz y bloquear señales desde cárceles

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Caracas.-La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) refrescó este viernes algunas propuestas puntuales de las que ha planteado en materia de seguridad ciudadana, y recalcó que una de las primera medidas que formarán parte de un plan de emergencia legislativa, sería la eliminación de las denominadas Zonas de Paz, así como la devolución a todas las alcaldías del país de las competencias en materia de alumbrado público, que el Gobierno nacional centralizó en Corpoelec.

A propósito del aumento de la criminalidad y de la perpetración de delitos cada vez más horrendos, la alianza, por boca de Luis Izquiel, precisó medidas concretas, algunas de ellas que ya formaron parte de un documento consignado en mayo de 2014 por Ramón Guillermo Aveledo a la Vicepresidencia de la República, con ocasión de la valoración que se hizo del Plan de Pacificación, entonces la variante número 22 de un plan de seguridad.

Luis Izquiel, coordinador del equipo de Seguridad Ciudadana de la MUD, habló de que con una amplia mayoría de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional se podrán «corregir errores garrafales» cometidos por el Gobierno nacional, tanto en la gestión de Hugo Chávez como por la de Nicolás Maduro, así como también atender requerimientos en materia de protección social para los que integran los organismos de seguridad del Estado.

A Izquiel le acompañaron en la rueda de prensa el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, y el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien tiene la responsabilidad por el Comando de Campaña de ser el enlace con el CNE. Torrealba recordó que la MUD definió unos ejes de su campaña proselitista de cara a las elecciones del 6 de diciembre, y que permanecerán «inalterables» a pesar de los ataques «procaces» que desde el alto Gobierno se hacen con el propósito de distraer ese objetivo.

Reiteró que las principales preocupaciones de los venezolanos giran en torno «al drama social» que implica la escasez de alimentos, el desabastecimiento general y la inseguridad ciudadana.

El secretario ejecutivo de la alianza condenó el ataque que sufrieron en la frontera de Táchira tres funcionarios de la Guardia Nacional «que estaban vestidos de civil» y reclamó la misma atención que el Poder Ejecutivo ha prestado a este hecho, para los ataques y homicidios que el hampa común ha perpetrado contra decenas de policías y militares uniformados para despojarlos de su armamento.

23 PLANES Y 240 MIL HOMICIDIOS

El abogado Luis Izquiel recordó que en 16 años de gestión del chavismo se han puesto en práctica 23 planes de seguridad por 15 ministros de Interior y Justicia, pero el resultado es que en ese mismo período se han producido en Venezuela más de 240 mil homicidios. Calificó todos esos planes como «efectistas» en lugar de ser efectivos.

Recordó que el Poder Ejecutivo tiene actualmente todas las facultades para poner en práctica lo que la MUD se compromete a ejecutar desde el Poder Legislativo con la aplicación o reformas puntuales de leyes vigentes.

REVERTIR EL PODER A GRUPOS HAMPONILES

Recalcó que «es mucho lo que se puede hacer desde la Asamblea Nacional», entre esas medidas revertir el control que el Estado cedió a los grupos hamponiles en las Zonas de Paz. Esto iría acompañado, explicó Izquiel, por el bloqueo de las señales telefónicas en los perímetros carcelarios, en el entendido de que desde dentro de las prisiones se manejan secuestros y extorsiones. Citó que estas medidas de bloqueo electrónico han tenido resultados positivos en Honduras y El Salvador, países con altas tasas delictivas.

Otra de las medidas a aplicarse como parte de una emergencia legislativa en materia de seguridad, sería cumplir la Constitución, que prevé la descentralización de la administración de las cárceles por parte de las gobernaciones, así como la derogación de la Resolución 17.350, emanada del Ministerio de la Defensa el 13 de febrero de 2011, que limitó el armamento reglamentario a las policías estadales y municipales al uso exclusivo de armas 9 mm y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios, indicó Izquiel.

MEDIDAS BÁSICAS

El abogado dejó claro que solo mencionaría las medidas básicas, pero que el plan elaborado por la MUD es muy amplio.

Mencionó, además, la elaboración de la lista de delincuentes más buscados, así como un registro nacional automatizado de funcionarios policiales destituidos para impedir su «reciclaje» en otros cuerpos.

Dijo que como parte de las políticas de descentralización que se pondrían en práctica desde la Asamblea Nacional, está restablecer el derecho de las alcaldías a crear sus propios cuerpos de formación policial, de modo que la Universidad de la Seguridad quede para impartir instrucción de cuarto nivel.

Por otra parte, entre las prohibiciones a aplicar para corregir desviaciones vigentes, indicó Izquiel, estarían la emisión de normas que impidan la asignación de credenciales o «chapas» a quienes no sean funcionarios policiales, así como la asignación de policías para tareas de escolta a quienes no justifiquen gozar de ese privilegio.