Nueve expresidentes iberoamericanos defenderán a Ledezma y López

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Caracas.- El más reciente en adherirse al grupo de ex jefes de Estado que acordó defender a Antonio Ledezma, fue el uruguayo Luis Alberto Lacalle. Explicó que con esta decisión no pretende introducirse en asuntos internos de Venezuela, aunque sí preocuparse por la situación personal de dirigentes políticos, colegas de profesión y que se respete el derecho a disentir y opinar.

El pasado jueves Lacalle dejó claro que se plegará al frente que integran: Felipe González y José María Aznar (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México), Alan García y Alejandro Toledo (Perú), por la liberación dela Máxima Autoridad de la Gran Caracas.

Además resaltó que ya hay varios asuntos en trámite. «Estoy esperando el contacto con mis colegas para ver cómo vamos a actuar».

«Soy muy agradecido y cuando yo estaba preso, perseguido y proscrito, cada cosa que se hacía por nosotros fuera del país (durante la dictadura cívico-militar uruguaya) la apreciábamos mucho y a mí me parece que en la vida ser agradecido es una ley y la mejor manera de agradecer es hacer por otros lo que otros hicieron por mí», dijo.

Destacó el expresidente que adelanta conversaciones con diferentes políticos latinoamericanos para crear un frente de líderes internacionales que trabaje para conseguir la liberación de Antonio Ledezma y también de Leopoldo López. A juicio de Lacalle «la cáscara de la democracia venezolana cada vez es más tenue».

En 1977 el expresidente español Felipe González actuó en la defensa legal de presos chilenos y el pasado 23 de marzo, tomó esta iniciativa a favor de los dirigentes opositores y estudiantes encarcelados en Venezuela, acción a la que luego se adhirieron los demás ex jefes de Estado y otros que estarían por sumarse.

Enfrentar la censura

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, informó el viernes que esa organización activó una campaña para hacer frente a la censura que se ha impuesto a los adversarios del Gobierno en medios convencionales.

«Tenemos que salir en búsqueda de la información, corroborarla y difundirla, algo que antes era el papel exclusivo de los profesionales de la información ahora es responsabilidad de todos los ciudadanos», manifestó Torrealba.

Explicó que la idea de la campaña es organizar a los ciudadanos para que sean activistas en la calle y se encarguen de difundir información «boca a boca» y también utilicen las redes sociales mientras no pesen sobre ellas regulaciones o restricciones.

La campaña, que busca voluntarios a través del portal web La fuerza es la Unión, no solo quiere hacer frente a los obstáculos a la información en los medios de comunicación, sino también organizar a la sociedad opositora de cara a la «defensa de los votos» en las elecciones parlamentarias que se realizarán a fines de este año.

Torrealba aclaró que esta iniciativa tiene como fin, «desmovilizar» y «desmoralizar» a la sociedad. «Al no tener información acerca de lo que hace la oposición organizada, entonces terminan quejándose de que la oposición no hace nada y entonces es el triunfo supremo de la hegemonía comunicacional», expresó.

Rreiteró lo que ha dicho después que finalizara la ola de manifestaciones que se desarrolló en los primeros meses del año pasado al resaltar que «ya se terminó el tiempo de las grandes marchas o las barricadas» como métodos de protesta, y que «llegó la hora de la interacción con el ciudadano».

MUD celebra aunque tardío

Jesús Torrealba dijo que cada vez son más los líderes latinoamericanos que se suman a la defensa de los dirigentes opositores venezolanos presos, lo que atribuye a un «despertar tardío» de la región sobre la «situación antidemocrática» en ese país.

«En mi opinión aquí se está produciendo un despertar tardío, es cierto, tardío, pero más vale tarde que nunca, sobre todo esa reacción tardía también debe significar una reflexión para nosotros los venezolanos».

Torrealba agradeció las muestras de apoyo de, al menos, siete exgobernantes latinoamericanos a la situación de los «presos políticos», en especial la de Ledezma y la de Leopoldo López, detenido desde hace más de un año por causas asociadas a la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en 2014.

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