Caracas.- «Profundamente preocupada». Así dijo sentirse la jerarquía de la Iglesia católica por las denuncias que ha recibido desde el Táchira de deportaciones masivas de colombianos indocumentados, las cuales se han ejecutado «sin ningún tipo de procedimiento previo» y porque muchos de los afectados las autoridades militares los forzaron a irse «con la ropa que llevan puesta».
Ante este panorama el Episcopado, a través de su Comisión de Justicia y Paz, exigió a las autoridades nacionales que restituyan «la normalidad cuanto antes», es decir que reabran la frontera y levanten el estado de excepción vigente en seis municipios de la entidad andina, por considerar que «son más las penurias y zozobras que viven quienes habitan a ambos lados de la frontera» que los beneficios que han traído las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional para combatir el contrabando y el paramilitarismo.
La instancia encabezada por los arzobispos de Coro y Mérida, monseñores Roberto Luckert y Baltazar Porras, respectivamente, en un comunicado difundido hoy, mostró su alarma por las informaciones de que a muchos de los deportados los obligaron a irse «sin enseres, sin alimentos» y por ello afirmaron que «es de justicia» permitirles recuperar las pertenencias que debieron dejar en Venezuela.
Los prelados, en su documento, también reclamaron de los defensores del Pueblo de ambos países para que tomen medidas para asegurar que la actual situación «tenga una rápida solución y que no se convierta en un problema político o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o el desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen».
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