La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó este jueves 23 de marzo su informe anual 2022 sobre la situación de las cárceles venezolanas, donde se destacó que la falta de condiciones sanitarias y de una alimentación adecuada a la población reclusa ha instaurado «modos de supervivencia» en estos recintos, donde el apoyo recae principalmente en los bolsillos de los familiares de los presos.
El Observatorio reveló en su informe que en 2022 se registraron 33.558 personas detenidas en las distintas cárceles del país, de las cuales 30.998 son hombres y 2.560 mujeres. Esta cifra representa «un hacinamiento críctico del 164,19%».
A su juicio, la precariedad de estos recintos carcelarios deja en mayor vulnerabilidad a las mujeres, adolescentes e indígenas.
Desde 2017 hasta el año pasado, OVP contabilizó la muerte de 1.032 personas detenidas. Al menos 44,8% de los decesos corresponden a condiciones de salud, siendo 2022 el año en que se registraron la mayor cantidad de fallecidos por estas causas (72,37%).
Las principales enfermedades denunciadas por los reos son desnutrición severa y tuberculosis. Se observó que los reclusos apenas pueden acceder al agua para consumo y saneamiento, mientras que las comidas consisten mayormente en pequeñas porciones de carbohidratos y los platos de “aguarotes”, que es agua de alguna verdura, pasta o granos.
Debido a la precariedad de la atención que provee el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Servicio Penitenciario, tanto la salud como alimentación de los presos recae directamente en los familiares, que deben entregar paquetes de comida, medicinas, productos de higiene personal y agua cada semana.
Además, el informe precisó que el Gobierno nacional, lejos de buscar soluciones enfocadas al cumplimiento de los derechos humanos, ha mantenido una política de inatención a la población carcelaria que «”ha traído como consecuencia vulneraciones directas a la vida e integridad personal de cada una de las personas bajo su custodia”.
Control compartido
En relación al manejo y control de las cárceles, el informe consideró que de 31 recintos evaluados por el OVP, se documentó que ocho de ellos están controlados por el Ministerio de Servicio Penitenciario, otras ocho se encuentra bajo la figura de los pranes (estructuras criminales) y 15 de ellas se encuentran bajo una figura mixta, es decir, tanto el Ministerio como los pranes se «reparten» el control de estos lugares.
El Observatorio también recordó que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han aprobado diversas medidas de protección a favor de presos, al igual que han declarado la responsabilidad del Estado venezolano en el incumplimiento de las personas detenidas en el país.
La ONG también llamó la atención del abandono y la falta de políticas que estimulen una reinserción exitosa a la sociedad de los reclusos. Además de la falta de custodios, han registrado la disminución de personal de atención integral a los detenidos como médicos, enfermeros, psicológos, trabajadores sociales y educadores.
Este tipo de carencias, destacó el OVP, se agrava en los centros que albergan a jóvenes «quienes por su desarrollo mental y emocional deben contar, además, con psicopedagogos, psiquiatras y sociólogos; sin embargo, hemos tenido conocimiento de casos en los que los trabajadores que dictaban cursos y consultas psicológicas han dejado de asistir a dichos centros por la falta de recursos, dejando a los jóvenes prácticamente solos y con menos custodia, lo cual agudiza los peligros de fuga y violencia intracarcelaria».
Se destacó además las constantes denuncias de los familiares sobre maltratos verbales por parte de custodios a los familiares, así como requisas intrusivas –incluso a personas de la tercera edad– como condición esencial para poder acceder a estos recintos. «Este personal no solo no se encuentra formado ni capacitado en una perspectiva humanística del sistema penitenciario, sino que tampoco cuenta con el equipo necesario para cumplir con su labor ni se les ofrece un salario suficiente y digno en contraprestación por su trabajo».
Estas situaciones, aseveró la ONG, provocan «que exista una mayor disposición a la hora de participar activamente en actos de corrupción, ya sea exigiendo sumas de dinero o permitiendo que el control de las cárceles sea dado por los pranes».
Tal Cual
Manténte bien informado y recibe nuestro resumen de noticias. Únete al grupo de WhatsApp o canal de Telegram Síguenos en Instagram: @eldiariodeguayana
