Caracas.- La oposición venezolana acelerará la definición de una vía legal para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, aunque reconoce el riesgo de que sea bloqueada por la justicia de este país empantanado en una crisis institucional.
«En los próximos días tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta crisis que es el gobierno», advirtió el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, al arremeter contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque el jueves desconoció el rechazo del parlamento al decreto de emergencia económica de Maduro.
La oposición prometió presentar en un plazo de seis meses, a partir del 5 de enero cuando asumió el control del Legislativo, una «vía constitucional» para acortar el mandato de Maduro, elegido para el periodo 2013-2019.
Pero Ramos Allup dijo que ahora esa propuesta es «apremiante», porque la crisis se está «acelerando». «Los tiempos los pone la necesidad del país», subrayó.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evalúa para ello la posibilidad de una enmienda constitucional o un referendo revocatorio, pero deberá buscar los mecanismos legales para evitar que sean bloqueados por el TSJ, al que acusa de estar alineado con el Gobierno.
El jefe parlamentario dijo estar seguro de que a cualquier propuesta del Congreso, el TSJ «va a decir que es inconstitucional», pero señaló que no podrá «sostener» a un «gobierno agónico».
«Tenemos que tomar decisiones, este gobierno no quiere cambiar en nada, cada día la situación del país es peor (…). Ha llegado el momento», declaró el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles.
Previendo que el TSJ declare inconstitucional una enmienda, Capriles se inclina por un referendo -que puede ser convocado a mitad del periodo presidencial-, pero ésta vía deberá ser supervisada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que también acusa de estar alineado con el oficialismo.
TSJ
En un fallo anunciado la noche del jueves, el TSJ declaró vigente la emergencia económica decretada por Maduro el 14 de enero y negada ocho días después por la aplastante mayoría opositora en la Asamblea Nacional.
Maduro exaltó la decisión del TSJ y anunció que en los próximos días activará una serie de medidas contra la crisis, agravada por la caída en picada de los precios del crudo, fuente del 96% de divisas en este país altamente dependiente de las importaciones.
El gobierno justifica el decreto -por 60 días prorrogables- en la existencia de una «guerra económica» que provoca inflación y escasez para generar malestar y derrocarlo.
