El dogmatismo ideológico del denominado socialismo del siglo XXI (fundamento del proceso revolucionario), indisolublemente armonizado con la Tercera Internacional de 1921 (casi 100 años atrás) en lo atinente a que la revolución era el camino para obtener el poder y cuya consolidación sería solo posible mediante la colectivización y nacionalización de los medios de producción, ha generado una insatisfacción e incertidumbre en variados aspectos de la vida nacional venezolana y muy especialmente en cuanto a las posibilidades de crecimiento económico; realidad que a diario cobra más fuerza habida cuenta de haber centrado su atención (que aún mantienen) en el «rescate» del orden y la eficiencia de una democracia amenazada (sostenían) por su pésimo desenvolvimiento económico y una elevada corrupción (¡!) como un mensaje que resultó atractivo para muchos; y en razón de ello han hecho privar el mandar sobre gobernar donde la importancia mayor radica en mantener el «poder salvador» a cualquier costo (¿?); obstaculizando el desenvolvimiento de la economía al fijar unilateralmente los criterios para que el hombre actué (dogma económico) enfocados en el socialismo como sistema entendido como un tipo de organización socioeconómica basada en la propiedad colectiva de los medios de producción (¿demolición del sector privado?), incluida la aspiración de aglutinar casi todo el poder en manos de un partido único, con el implícito riesgo de un agigantamiento desproporcionado del poder central y de la burocracia oficial con altas probabilidades de arribar a un escenario más dañino: la concentración del capital.
Por tal accionar, y muchas cosas más, Venezuela se encuentra ausente de un sistema económico, es decir no cuenta con un conjunto de procesos vinculados funcionalmente mediante políticas, relaciones, reglas, procedimientos e instituciones que perfilen el funcionamiento económico del país en el marco de un ordenamiento jurídico que facilita el desarrollo de las fuerzas productivas en torno a un modelo económico cuya estructura haga viable la interacción del colectivo social (sin distingo) mediante la instrumentación de políticas públicas. Bajo estas premisas, queda claro que la existencia de un sistema económico está condicionada a una eficiente interrelación entre el régimen sociopolítico (concepción y estructuración del Estado) y las formulaciones políticas y administrativas, a la luz de una clara visión de largo plazo sobre el bienestar del pueblo (¡todos!) como respuesta a una concreta estrategia de desarrollo económico-social.
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