El abogado y defensor de los DDHH, Eduardo Torres, elevó las denuncias ante los organismos internacionales
Tras confirmarse a través de la Defensoría del Pueblo que los dirigentes sindicales de Sidor; Leonardo Azócar y Daniel Romero, están recluidos en el área de Máxima Seguridad del Centro para Procesados, Penados y Anexos Femeninos Caracas II, familiares acudieron al Área Metropolitana, sin embargo, no les permitieron la visita.
Así lo denunció públicamente este sábado, el abogado y defensor de los DDHH, Eduardo Torres.
El jurista mencionó que el director del Centro Penados alegó que los detenidos «se encontraban en un proceso de adaptación de 15, 30 o 45 días» y que luego de ese tiempo se les indicaría cuándo se realizaría la visita.
Con respecto a ello, Torres señaló que el Numeral 2 del artículo ya referido; reza que «toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o abogadas o persona de confianza y estos a su vez tienen derecho a dejar constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida».
El abogado cuestionó el hecho de que, desde el pasado 11 de junio cuando se realizó la detención de los trabajadores; sus familiares y abogados no han logrado verlos.
En ese sentido, también elevaron la denuncia ante el Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y a la Oficina de Atención a las Víctimas de la Corte Penal Internacional. Rosangely Bruces
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