EL DEBATE SOBRE EL FUTURO PRODUCTIVO DE VENEZUELA
En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la intención de consolidar el denominado Estado Comunal como un modelo que desplaza progresivamente el papel de la propiedad privada en el desarrollo económico nacional. Las iniciativas impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, la creación de la banca comunal, el fortalecimiento de los consejos comunales y las actividades productivas promovidas sobre tierras intervenidas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) reflejan una orientación política que, para muchos sectores, ratifica la continuidad del modelo del denominado Socialismo del Siglo XXI.
Esta percepción se fortalece al observar que, mientras los productores privados – quienes generan más del 70 % de los alimentos que se consumen en el país, según estimaciones del sector agrícola – enfrentan dificultades para acceder al financiamiento, obtener precios justos, limitaciones en la obtención de insumos, etc., que afectan la rentabilidad de sus actividades. Se observa cómo importantes recursos públicos continúan destinándose al financiamiento de programas vinculados al Estado Comunal.
Surge entonces una interrogante legítima: ¿qué mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas existen para garantizar el uso eficiente de estos recursos? Particular preocupación generan los fondos asignados a créditos agropecuarios, bancos comunales y proyectos productivos cuya información pública sobre resultados, recuperación de inversiones y niveles de producción es limitada.
Han transcurrido cerca de dos décadas desde el inicio de los programas de producción desarrollados en tierras intervenidas por el INTI. Durante ese período se destinaron cuantiosos recursos públicos para la adquisición de maquinaria agrícola, el otorgamiento de créditos, el desarrollo de proyectos agroindustriales —como la planta procesadora de soya en El Tigre—, programas pesqueros, procesadoras de alimentos, así como múltiples proyectos comunales realizados con fondos públicos.
Sin embargo, diversos sectores sostienen que los resultados obtenidos no guardan proporción con la magnitud de las inversiones realizadas. Además del deterioro de la infraestructura agrícola en numerosas fincas intervenidas, persisten cuestionamientos sobre la productividad alcanzada y sobre la eficiencia en la administración de los fondos públicos destinados a estos proyectos.
Desde esta perspectiva, la política de ocupación de tierras impulsada por el INTI ha generado un intenso debate sobre el respeto al derecho de propiedad, principio reconocido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Sus críticos consideran que estas medidas han debilitado la seguridad jurídica y han desincentivado la inversión privada en el sector agropecuario.
Resulta igualmente preocupante que, después de años de ejecución de este modelo, no se presenten casos ampliamente reconocidos de unidades de producción intervenidas que hayan incrementado de manera sostenida sus niveles de productividad respecto a la etapa en que eran administradas por sus propietarios originales.
La experiencia de empresas estatizadas en sectores estratégicos – como las industrias básicas de Guayana, el sistema eléctrico nacional, las cementeras y otras empresas previamente expropiadas – es frecuentemente citada como ejemplo del fracaso que enfrenta un modelo donde el Estado sustituye al sector privado como principal actor económico.
La recuperación económica de Venezuela requiere políticas públicas que promuevan la inversión, fortalezcan la seguridad jurídica, faciliten el acceso al crédito y generen condiciones favorables para quienes producen. El desarrollo sostenible difícilmente podrá alcanzarse si continúan debilitándose los incentivos a la iniciativa privada y desviándose recursos públicos hacia proyectos cuyos resultados no son objeto de una evaluación transparente.
Finalmente, queda una pregunta que continúa sin respuesta: ¿quién asumirá la responsabilidad política y administrativa por los efectos que estas políticas han tenido sobre la producción nacional, la calidad de vida de los venezolanos, su capacidad de consumo y los indicadores de desarrollo humano del país?
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo,
la Propiedad y la Constitución.
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