Presentado este el lunes ante el Congreso, abarca a todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, mantiene el financiamiento estatal y controla que se respete la prohibición de lucrar con la educación
Santiago.- Una década después de los primeros reclamos y tras cientos de marchas en las calles, ingresó este lunes al Congreso el anhelado proyecto de ley que establece la gratuidad a nivel universitario en Chile, sin dejar satisfecho a nadie.
Después de nueve prórrogas y superar el último plazo autoimpuesto, la presidenta Michelle Bachelet anunció la noche del domingo en cadena nacional el envío al Congreso de la última y más esperada ley de reforma de la Educación en Chile: la gratuidad universal a nivel universitario.
«Con el (proyecto) cerramos el ciclo de las leyes de la gran reforma educacional que iniciamos en 2014 y que va desde las salas cunas hasta la educación superior», señaló la mandataria al ofrecer detalles del proyecto de ley, exigido en las calles desde 2006. Pero la gradualidad del proyecto y los plazos difusos de implementación de la gratuidad no conformaron a nadie.
«El proyecto no termina con el negocio de la educación. No cambia sustancialmente lo que hay hasta ahora», dijo Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la principal agrupación que encabezó las numerosas marchas bajo la consigna «educación pública, gratuita y de calidad».
«Lo que ha planteado la presidenta en la cadena nacional (…) nos llena de preocupación y desaliento», afirmó de su lado Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso.
Política de largo plazo
La ley consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final del mandato de Bachelet (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal.
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