Ante los rumores de robo de niños desmentidos por el Ministerio Público, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, señaló que «a la redes sociales hay que regularlas» debido a que por este medio se divulgó esta información.
Destacó que la conducta del hombre en sociedad debe ser regulada y aclaró que esta propuesta «no busca coartar la libertad de expresión».
Ortega Díaz tildó de «despreciable» la denuncia falsa realizada por Carmen Briones y explicó que el siguiente paso en este caso es una audiencia de presentación e imputación de delitos.
IDENTIFICAN AUTORES DE CAMPAÑA
Ortega Díaz dijo que el Ministerio Público tiene identificadas a tres de las personas que participan en la campaña nacional e internacional sobre supuestos secuestros de niños y ya se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos.
Explicó que Carmen Yanet Briones, suministró los nombres y números de teléfono de la persona que le pagó un adelanto de 17.000 bolívares de un total ofrecido -un millón de bolívares- para activar la alarma, así como de las dos personas que estaban detrás de ésta.
«Nosotros estamos direccionando la investigación para ubicar a estas personas. Ella nombró a tres personas: la que le paga y dos personas más que están supuestamente detrás de quien la contactó», dijo Ortega Díaz.
Aclaró que hasta culminar la investigación no adelantará los datos de las personas involucradas en esta campaña que busca generar caos en el país, sobre la base de rumores de situaciones sensibles a la población.
«Estamos corroborando algunos elementos para saber si lo que está diciendo es cierto, lo que sí es cierto es que ella recibió dinero, que llamó al colegio para alterar a los maestros, representantes y a los alumnos», agregó.
La Fiscal General sostuvo que este hecho responde a una acción totalmente planificada, por lo que todas «las personas involucradas en este caso deben estar preocupadas, porque deben saber que el brazo de la justicia va a llegar hasta ellos».
INFORME DE AI «FUE PAGADO»
Amnistía Internacional presentó un texto en el que denuncia la impunidad en Venezuela a un año de las 43 muertes que dejaron las protestas iniciadas en febrero de 2014. Luego de leer este informe la fiscal dijo «perdí mi tiempo».
Según dijo, las 47 páginas del texto «están sesgadas porque no recogen la verdad de lo ocurrido e invisibiliza a las víctimas». Agregó que en el informe «no se disimula la parcialidad política».
Amnistía Internacional solo busca la libertad de los detenidos por estos hechos, dijo la Fiscal y consideró que «fue pagado para su publicación».
