El Congreso de Guatemala decidió retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, por lo que el mandatario deberá responder, ante los tribunales ordinarios, por los delitos que se le imputan, el más destacable, liderar una mafia que expoliaba al Estado desde las aduanas. Además, un juez ha impuesto al mandatario una medida de arraigo para impedir una posible fuga mientras se desarrolla la investigación.
El suceso, sin precedentes en la historia contemporánea del país, se da 12 días después de que la Fiscalía y la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunciaran al mandatario y ordenara prisión para la exvicepresidente Roxana Baldetti.
A la sesión extraordinaria, convocada exclusivamente para conocer la recomendación de la Comisión Pesquisidora que estudió el expediente de la Fiscalía y la CICIG, y recomendó que Pérez Molina fuera desaforado, asistieron 132 de los 158 diputados del Legislativo. La decisión fue abrumadoramente mayoritaria: un solo voto en contra, el del diputado del Partido Patriota (en el poder), Gregorio Nolasco.
La votación del Congreso fue recibida por una ovación a la que se sumaron un centenar de ciudadanos que manifestaba en las afueras del palacio de los diputados.
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