El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó una sentencia absolutoria en favor de la activista Rocío San Miguel, decisión que la declara libre de toda responsabilidad penal respecto a las imputaciones presentadas en su contra por el Ministerio Público. La medida marca la conclusión del proceso judicial iniciado con su aprehensión el 9 de febrero de 2024.
Al conocer el veredicto del juzgado, la directora de la organización Control Ciudadano emitió una declaración para fijar postura sobre el fallo.: “Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención: soy inocente”, sostuvo la defensora de derechos humanos, quien señaló además que durante el tiempo en que permaneció privada de libertad fueron puestas a prueba tanto su capacidad de resistencia como la firmeza de sus principios.
En su pronunciamiento público, San Miguel dedicó palabras de reconocimiento a su entorno personal y a las organizaciones que le brindaron acompañamiento. “Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi hija, por su amor y fortaleza”, manifestó, extendiendo la mención a la sociedad civil venezolana, misiones diplomáticas y organismos internacionales.
De igual manera, destacó las gestiones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la labor de su equipo de abogados integrados por Theresly Malavé, Juan Luis González, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, al tiempo que remarcó el apoyo brindado por organizaciones como Amnistía Internacional, Front Line Defenders y Human Rights Foundation.
Solidaridad con otros procesados
Pese a valorar de forma positiva la resolución dictada sobre su persona, la activista se refirió a la situación de otros ciudadanos involucrados en el expediente que sí recibieron penas privativas de libertad. “En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, afirmó la representante de Control Ciudadano, manifestando su respaldo a los activistas y procesados por motivos políticos que permanecen bajo privación de libertad o sometidos a procesos judiciales.
Finalmente, San Miguel puntualizó que el ejercicio de la justicia requiere garantías estructurales para toda la población en el país. “La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”, enfatizó, al tiempo que ratificó su intención de mantener el trabajo técnico e institucional enfocado en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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