Este jueves, 26 de marzo, se realizará la segunda audiencia del proceso judicial en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se efectúo la primera presentación el 5 de enero, apenas dos días después de su captura en Caracas.
Por lo que se ha visto hasta ahora, la audiencia estará marcada por el alegato de los acusados de que supuestamente no cuentan con el dinero para costear los gastos de defensa. Ambos esperan que sea el Estado venezolano el que pague.
Ahora bien, existen varios elementos relevantes a tener en cuenta en el seguimiento del juicio, como los términos de la acusación, la aparente imposibilidad de libertad bajo fianza, los vínculos con otros casos judiciales y las maniobras de la defensa.
En este sentido, el diario El País publicó este jueves un extenso reportaje en el que aporta datos clave, acompañado por aclaratorias y explicaciones pertinentes por parte del abogado venezolano Nizar El Fakih.
A continuación, se incluye el reportaje íntegro.
Las claves del proceso judicial que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores
El caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores avanza tras la primera audiencia el pasado 5 de enero, en la que el depuesto dirigente venezolano se declaró “inocente” de los cuatro delitos relacionados con narcoterrorismo (al igual que su esposa.
Tanto Maduro como Flores se declararon sin recursos para costear a sus abogados y piden que sea el Estado venezolano quien asuma el pago de la factura, alegando que así lo establece la legislación de su país. Con base en este argumento, tanto el prestigioso Barry Pollack (abogado de Maduro, conocido porque fue quien logró la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks), como Mark Donnelly (abogado de Cilia), sostienen que el bloqueo de fondos decidido por Estados Unidos vulnera el derecho de los acusados a elegir su representación legal, protegido por la Constitución, y afirman que la única solución a este problema es “la desestimación del caso”, algo improbable.
“La legislación venezolana no establece ‘la obligación’ del Estado de sufragar honorarios de abogados privados para representar en procesos judiciales a personas naturales acusadas penalmente”, explicó el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien estuvo presente en la primera comparecencia de Maduro y Flores ante el juez. “Lo que sí establece es la obligación de representar o costear la representación judicial en casos en los que se vean afectados ‘los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República’. Por su parte, la ley estadounidense no reconoce el derecho de una persona natural acusada penalmente en una corte federal de acceder a fondos públicos de su país de origen para costear los honorarios de sus abogados”.
La Fiscalía ha puesto en relieve que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) prohíbe expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona sancionada. Sin embargo, la institución emitió en enero una licencia para autorizar los pagos del Gobierno de Venezuela a los abogados de Maduro y Flores, pero esta fue revocada horas después. Los fiscales aclararon que fueron expedidas por un “error administrativo”.
Pollack y Donelly han echado mano de cuanto argumento han encontrado para sortear las sanciones que pesan contra sus representados. En una de las mociones, mencionan que la OFAC autorizó el uso de fondos sancionados de un gobierno extranjero para el pago de honorarios profesionales de abogados. Ciertamente, la institución permitió que los Gobiernos de Rusia, Siria o Irán paguen sus abogados para la defensa legal de sus naciones o entidades estatales en procesos judiciales en Estados Unidos, pero nunca de personas naturales.
Frente a este panorama, Maduro y Flores no tendrán otra opción que aceptar la asignación de un abogado por parte del tribunal, pero corresponderá al juez Alvin Hellerstein decidir o determinar el procedimiento a seguir.
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