Durante balance de gestión 2016 del Ministerio Público, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hizo este viernes un llamado a las instituciones públicas del país a trabajar por los fines del Estado que «es la construcción justa de la paz y bienestar del pueblo».
“Existe en el país una pugna institucional que complica los fines del Estado, que son la construcción de una sociedad justa y el bienestar del pueblo”, indicó Ortega desde la sede del Ministerio Público.
En este sentido, detalló que «en 2016 detectamos una alta incidencia de homicidios intencionales, que se evidencia en una taza de 70.1 por cada 100 mil habitantes. Este indicador nos llama a establecer como meta disminución de la criminalidad”.
Por otro lado, comentó que registraron 12.069 víctimas entre 15 y 30 años “un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”.
También indicó que es imperativo el desarme de la población en el país para lograr la disminución de la criminalidad.
La máxima representante del Ministerio Público también reseñó las violaciones a los derechos humanos en el 2016.
Por estos hechos “se imputaron 2.441 funcionarios por la presunta violación de derechos humanos y a causa a 635, de los cuales 266 ya están condenando. Entre los delitos están el homicidio, tortura, trato cruel y privación ilegítima de la libertad”.
RUPTURA CONSTITUCIONAL
Respecto a la decisión del máximo tribunal venezolano de adjudicarse las funciones del Parlamento, de amplia mayoría opositora, la fiscal general, Luisa Ortega, denunció una «ruptura del orden constitucional».
Ortega rechazó dos sentencias con las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó esta semana al Legislativo de sus competencias y a los diputados de inmunidad.
El bloque opositor denuncia que se consumó un «golpe de Estado» y desconoce al TSJ.
Las “decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación”.
Reacción internacional
Es la primera alta funcionaria del Estado que critica los fallos judiciales, que desataron una oleada de rechazo en la comunidad internacional marcada por denuncias de ruptura institucional.
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