La responsabilidad que tiene Nicolás Maduro, ante los dolorosos hechos de violencia ocurridos en Venezuela durante estos últimos días, es indiscutible. No son solo los innumerables errores políticos y económicos que han caracterizado su gobierno, sino una permanente tendencia a responder mediante la represión armada a cualquier manifestación ciudadana que critique su errada gestión de gobierno. La equivocada visión que el chavismo impuso a la lucha política, al convertir al adversario en enemigo, conduce obligatoriamente a la violencia. Es imposible negar el creciente desgaste que ha venido sufriendo la imagen de Nicolás Maduro y su régimen. Esta realidad es de tal gravedad que exige un inmediato cambio político, el cual debe orientarse a través de alguna de las distintas alternativas establecidas en nuestra Constitución Nacional. Una de esas alternativas, es la elección de una nueva Asamblea Nacional este año, la cual debería reflejar la real situación política de nuestra sociedad.
Estoy convencido de que Nicolás Maduro, asesorado por el gobierno cubano, ha implementado un conjunto de acciones que buscan desmoralizar la creciente oposición a su gobierno con el objeto de evitar una presencia masiva de votantes en las elecciones parlamentarias. Su temor está a la vista. Percibe el riesgo que existe para la estabilidad de su gobierno si los venezolanos salen a votar masivamente. Comprende que le sería imposible influir en los resultados. La maniobra para lograr su objetivo la inició hace varios meses, al ratificar parte de la directiva del Consejo Nacional Electoral con la finalidad de debilitar aún más la credibilidad en el voto popular. No fue suficiente. El resultado de las últimas encuestas así lo demuestran. Ante esta realidad, decidió utilizar la represión contra algunos dirigentes de la oposición: María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López; para continuar posteriormente contra Julio Borges y Henrique Capriles
La maniobra tuvo por objetivo tratar de destruir el liderazgo opositor. Se denunció un supuesto intento de golpe de Estado y de magnicidio. Antes de hacerlo, tuvo que valorar la poca credibilidad que tendría esa denuncia. A alguno de sus asesores, de muy limitadas luces, se le ocurrió sugerir la detención de siete oficiales subalternos de la Aviación militar, sin que haya podido presentar una sola prueba de su participación en la supuesta insurrección militar. Para colmo, inventaron el cuento del Tucano. El ridículo fue absoluto. De todas maneras, se mantuvo el objetivo de la maniobra. Se ordenó el secuestro contra Antonio Ledezma y se mantiene la amenaza contra María Corina Machado. Lo curioso fue la acusación contra Julio Borges y Henrique Capriles. Solo encuentro una explicación: están sorprendidos por el fortalecimiento popular de Primero Justicia. Han valorado lo que eso significa como factor dominante en un seguro triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias.
De todas maneras, el reto de la oposición democrática es inmenso. Los venezolanos perciben que en su seno, como es natural, existen distintas maneras de pensar.
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