SIP condena en Ecuador medida de cierre contra observatorio de medios

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Miami, EEUU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el intento del Gobierno de Ecuador de disolver, «por sus opiniones críticas», el grupo Fundamedios, que trabaja en favor de la libertad de expresión en el país suramericano.


La SIP, con sede en Miami, criticó una resolución de la Secretaría de Comunicación (Secom) de Ecuador, que inició un proceso administrativo para la «disolución» de Fundamedios, y pidió al Gobierno ecuatoriano el «cese del cercenamiento de la libertad de prensa» en el país, reseñó Efe.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, condenó la «intolerancia ante las opiniones críticas» mostrada por el Gobierno de Rafael Correa, una falta que, en opinión de Mohme, «no es nada nueva en esta etapa administrativa de Ecuador que ahora se ve coronada con la posible eliminación de Fundamedios».

El único delito de Fundamendios, subrayó, es «dedicarse a defender la libertad de expresión en su país».

«Es menester una reacción firme de la comunidad internacional, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de todos los Gobiernos de la región», para que no se atropellen los principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana, apostilló.

En la resolución del pasado lunes, la Secom ordenó el inicio de la disolución de Fundamedios «por divulgar y promover contenidos de los blogs de opinión independientes Estadodepropaganda.com y SentidoComunEcuador.com, de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, respectivamente», explicó la organización.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, censuró «el ataque» del Estado ecuatoriano a Fundamedios, una acción que calificó de «arbitraria» y un ataque a las «libertades máximas de los ecuatorianos», como son la libertad de expresión y la libertad de asociación.

Paolillo recordó que Fundamedios siempre ha sido asediada «por este Gobierno que ha encontrado todo tipo de artilugios legales y administrativos para amordazar a los críticos y a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos».