Sistema de Justicia Penal venezolano evalúa acciones contra la trata de personas

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Estrategias para la prevención integral y la visibilización de la trata de personas, fueron los temas revisados en la mesa de alto nivel llevada a cabo este viernes, por parte de integrantes del Sistema de Justicia Penal venezolano en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en Caracas.

En la jornada, dirigida por el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, C/G Humberto Ramírez y la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Dra. Alana Zuloaga, discutieron la importancia de coordinar las labores que realizan los órganos de los diferentes Poderes Públicos, para contrarrestar los métodos de captación utilizados por los grupos estructurados de delincuencia organizada, dedicados a la trata de personas.

Durante el encuentro, el Comisario General hizo énfasis en el papel que realiza cada órgano del Sistema de Justicia, para el desarrollo de las investigaciones penales contra esta actividad criminal; así como en las estrategias preventivas a realizar para evitar que los venezolanos y venezolanas se conviertan en víctimas de este delito a través de plataformas digitales.

Por su parte, la viceministra destacó que el Estado venezolano ha invertido todos sus esfuerzos en garantizar la atención integral a las víctimas de este delito que no conoce diferencias de raza, género, sexo, nacionalidad o edad.

Igualmente, en la reunión la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Dra. Katherine Haringhton, resaltó la importancia de la coordinación entre los diferentes órganos del Estado para hacer frente a este delito, a su vez que puso a la orden a los integrantes del sistema de justicia penal de la capital para contribuir con las jornadas de prevención.

Vale mencionar que la trata de personas es un hecho antijurídico tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que en su artículo 41 establece que quién como parte de un grupo de delincuencia organizada ejecute, promueva, favorezca o facilite la captación o transporte de personas a través de diferentes medios de coacción para el ejercicio de la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud sexual, extracción de órganos, pornografía, entre otros; será penado o penada con prisión de 20 a 30 años, según sea el caso.

En la actividad participaron integrantes del Ministerio Público (MP), la Defensa Pública (DP), la Defensoría del Pueblo (DdP), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Con información del Mazo

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