Ante el Decreto de Estado de Excepción 1950 se debe manifestar un rechazo rotundo a las violaciones de los Derechos Humanos perpetrados con la aplicación de esta decisión presidencial del 21-08-2015 en 5 municipios del Estado Táchira, e igualmente a las constantes violaciones de los DDHH contra la etnia wayuu en el Estado Zulia.
Es fundamental fijar posición y actuar ante las violaciones que provocan la indignación del pueblo venezolano, ante la humillación permanente al deportar a mas de 8.000 hermanos del vecino país, bajo manipulados argumentos gubernamentales de paramilitarismo, contrabando de extracción, y de ser culpables del desabastecimiento y la escasez en Venezuela.
No es la primera vez que este Gobierno recurre a medidas extremas para esconder la incapacidad de gestión y mantenerse en el poder. En 2013 con el conocido Dakazo intervino a las cadenas de línea blanca, impuso precios a bajo costo para favorecer su imagen, luego en 2014 mantuvo el argumento de la guerra económica para maquillar la escasez, el desabastecimiento y la voraz inflación que precariza la vida de la familia venezolana; en 2015 ha sostenido al país en vilo con el tema del Esequibo y la amenaza de conflicto bélico con Guyana. Entre tanto la población deambula en ciudades y pueblos de Venezuela en denigrantes y agotadoras colas para adquirir la canasta alimentaria.
Ante el descontento creciente de todos los sectores sociales, incluso de sus propios militantes recurre al argumento criminal de la xenofobia, en el peor estilo de la Alemania Nazi al denigrar de la población colombiana, al extremo que sus viviendas son marcadas como signo de su condición y ser expulsados con sus enseres, sus hogares destruidos, incluso con separación de familias formadas tras décadas de vida en nuestro territorio. Situación que no se compadece con la historia común de dos pueblos hermanos desde la Independencia en el siglo XIX y jamás vivida durante toda nuestra historia republicana.
Con el Estado de Excepción no son solo afectados los hermanos colombianos, también los venezolanos habitantes de estos municipios, al cerrar la frontera se está liquidando la vida económica y manutención de decenas de miles de compatriotas y establece con la suspensión de garantías de los derechos consagrados en los artículos 48, 50, 53, 68, y 112 un clima indeseable, y al mismo tiempo de control absoluto de toda la población.
¿A que juega irresponsablemente el Gobierno de Maduro? Tal como lo hizo el difunto Presidente Chávez cuando nos separó de la Comunidad Andina de Naciones en 2006 y exterminó más de 100.000 empleos directos en nuestro país ¿a generar un ambiente de guerra civil entre dos países hermanos y suspender irresponsablemente las elecciones parlamentarias?.
No podemos dar la espalda y ser indiferentes con lo que pasa en el Táchira, ante la amenaza de cierre de la frontera del Estado Zulia, ambiente hostil que ya se vive con los atropellos constantes a las etnias indígenas y especialmente a la etnia wayuu en las zonas de Sinamaica y Paraguachon.
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