La Asociación Civil Súmate pidió a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) procurar garantías constitucionales asociadas al voto. Emplazó al ente rector a actualizar la legislación electoral para evitar la elaboración de “normas exprés, sobrevenidas y discrecionales” antes y durante los próximos procesos electorales de 2024 y 2025.
A través de un comunicado, divulgado el 30 de agosto, Súmate destacó que el sufragio, activo y pasivo, que incluye el voto mediante votaciones libres, como la postulación a cargos de elección popular, es un derecho que debe ser respetado y garantizado por todos los órganos del poder público. Subrayó que el CNE debe garantizar el ejercicio del derecho al sufragio a todos los venezolanos dentro y fuera del país.
Recordó que la elección presidencial debe realizarse a más tardar en diciembre del 2024; la de la Asamblea Nacional (AN), las regionales y municipales en el segundo semestre de 2025; y por vacante absoluta de los alcaldes en siete municipios del país de los estados Anzoátegui, Aragua, Falcón, Guárico, Mérida y Zulia antes de noviembre de este año 2023.
Enfatizó que corresponde a la nueva directiva, encabezada por Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Rosalba Gil, Aimé Nogal y Juan Carlos Delpino, hacer la actualización oportuna y correcta del Registro Electoral (RE), en forma permanente e ininterrumpida, para facilitar los trámites de inscripción y actualización a más de 10 millones de venezolanos dentro y fuera del país.
“Es oportuno alertar que la información que proporcionan los últimos nueve cortes del RE indican lo contrario, en los cuales se puede constatar que el número de electores ha venido disminuyendo en forma progresiva en el Registro Electoral. Esta situación debe encender las alarmas, ya que sigue creciendo la brecha entre las cifras de más de 25 millones 700 mil venezolanos en edad para votar en diciembre de 2024, según la proyección poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), y las del último corte del RE al 31 de julio de este año 2023 que informa están habilitados 20 millones 722 mil 499 venezolanos dentro y fuera del país”, agregó Súmate.
En aras de “acercar” el RE a los venezolanos, exhortó al CNE a habilitar jornadas especiales de inscripción y actualización, con el despliegue de más de mil 500 puntos fijos e itinerantes en los 335 municipios del país; centros del registro en todas las oficinas y secciones consulares de las representaciones diplomáticas del país, y en las principales ciudades de los países receptores de la migración venezolana, previo acuerdo con sus respectivos gobiernos y la aprobación del reglamento para el ejercicio del sufragio de los venezolanos que residen en el exterior presentado ante el directorio del CNE hace un año
Con relación a la actualización de la legislación, pidió trabajar en cubrir los vacíos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), pero también tomar en cuenta “algunos asuntos omitidos”, tales como la observación electoral nacional e internacional, el financiamiento de las organizaciones con fines políticos, el régimen de sanciones administrativas severas para los infractores de las estipulaciones que prohíben el adelanto de la campaña electoral y la participación de funcionarios públicos en la contienda electoral, la periodicidad y uniformidad en el ejercicio de los cargos de elección popular, que permita subsanar el vacío legal que ocasionó la derogación el 02 de marzo de 2021 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.
“Por último, instamos a los rectores del CNE someterse al ordenamiento jurídico que les exige en su desempeño restaurar las garantías constitucionales y legales asociadas al derecho al sufragio activo y pasivo (elegir y ser elegido), lo cual se puede corroborar en los principios que deben regir su gestión establecidos en el artículo 294 de la Constitución: dependencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios”.
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