“Transparencia Venezuela apoya todas las gestiones que se hagan para combatir la corrupción, siempre que se adelanten de manera transparente y con apego a las leyes vigentes”, dijo la ONG en un comunicado con fecha 20 de marzo, en el que urge a las autoridades correspondientes a aportar información amplia y oficial sobre la trama de corrupción conocida el viernes 17 de marzo, tras la actuación de la Policía Nacional Anticorrupción, caso que terminó arrastrando al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, a presentar su renuncia.
“Resulta preocupante que pese a la gravedad de los hechos a la que hace referencia la Policía Nacional Contra la Corrupción, que fue reiterada en los anuncios realizados por el Ministerio Público, sea tan escasa la información pública”, expresó el referido comunicado.
Transparencia alerta que “la opacidad (…) solo da paso al surgimiento de rumores que incrementan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones”.
“El país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido», dice la ONG, que destaca que «en un país con una emergencia humanitaria compleja (…) impulsada principalmente por el patrón de gran corrupción (…) no se aguantan más desmanes, más cooptación del sistema que debería impartir justicia, más desfalco a la industria petrolera”.
Recordó que como parte de su labor contralora desde la sociedad civil sigue de cerca “los más de 140 procesos por corrupción que han sido anunciados por sistemas de justicia de terceros países, en los que están involucrados fondos públicos venezolanos”.
Sobre el reciente escándalo de los criptoactivos que, según la información extraoficial involucra 3 mil millones de dólares, “hasta la fecha, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como las supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados”.
El texto urge que se informe al país sobre el procedimiento y también que en cada uno de estos casos la investigación alcance a todas las personas presuntamente involucradas. “Debe difundirse información oficial sobre las medidas que se tomarán contra los señalados, la posible congelación de bienes y recursos”.
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