Un tribunal federal de apelaciones dictaminó ayer miércoles que la administración del presidente Donald Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones migratorias para cientos de miles de venezolanos y haitianos que viven y trabajan en Estados Unidos, subrayando que esta decisión tuvo “consecuencias reales y significativas” para las comunidades afectadas.
Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos confirmaron un fallo anterior de un tribunal inferior, señalando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas que huyeron de ambos países.
En su sentencia, los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone afirmaron que “las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”.
Los magistrados explicaron el impacto humanitario de esta decisión: “Las acciones ilegales de la secretaria han tenido consecuencias reales y significativas», escribieron. «Han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño”.
Cabe recordar que millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años debido a una profunda crisis económica, política y social. Por su parte, los haitianos fueron incluidos inicialmente en el programa TPS en 2010, tras el catastrófico terremoto de magnitud 7.0 que devastó la isla.
CNN/Sumarium
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