En un fallo publicado ayer lunes, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó una protección cautelar que allana el camino para que la transnacional de servicios petroleros retome su actividad en territorio venezolano.
La resolución judicial determinó que los bienes que estaban bajo custodia del depositario José Alberto Núñez Gutiérrez deben ser devueltos a la compañía, concediéndole la tenencia provisional para que pueda emplearlos en el cumplimiento de su propósito corporativo.
La decisión del alto tribunal subrayó que los activos de la empresa resultan fundamentales para la cadena de producción de hidrocarburos, por lo que su paralización afecta intereses superiores vinculados a Pdvsa.
De esta forma, se habilita a Halliburton para administrar y utilizar sus equipos e instalaciones mientras avanza el litigio principal, siempre bajo la supervisión de un veedor que designará la propia Sala.
Los costos asociados a esta vigilancia correrán a cargo de la parte demandada, y el funcionario designado tendrá entre sus tareas levantar un registro detallado de los activos recuperados y remitir informes periódicos sobre el estado el de la medida.
Para hacer efectiva la entrega material, el TSJ encomendó al juzgado laboral con competencia en sustanciación, mediación y ejecución del circuito judicial con sede en Cabimas, estado Zulia, la coordinación de la transferencia de los bienes a la empresa, en estricto apego a lo resuelto en la sentencia.
Con esta acción, el Poder Judicial busca equilibrar el derecho de los trabajadores involucrados en el proceso con la necesidad de preservar una operación considerada sensible para el aparato productivo nacional.
Noticiero Digital
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