El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo el lunes un anuncio especialmente polémico que le costó una oleada de críticas. Los migrantes sin papeles, mantuvo, no tendrán derecho a la vacuna contra la covid-19 que se empezará a administrar en febrero. Detrás de esa afirmación hay otra cifra: alrededor de 950.000 venezolanos “en condición irregular”, uno de los sectores más vulnerables y expuestos de la sociedad, quedarán excluidos del programa de vacunación, que en su conjunto contempla la distribución de 40 millones de dosis.
“Tenemos la priorización, siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada”, afirmó Duque en una entrevista en la emisora Blu Radio.
El Mandatario explicó que los casos de ciudadanos con doble nacionalidad “se van manejar, no en función de la nacionalidad”. “Si son personas que están regularizadas, si son personas que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las patologías y la población de riesgo definidas por el Ministerio de Salud eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”, añadió en referencia a la vacuna.
Al ser preguntado sobre los migrantes sin residencia, insistió: “Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no. Si no, imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos en este momento casi que un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”.
Desde Caracas, El presidente Maduro aprovechó para arremeter una vez más contra Bogotá hablando de “xenofobia” y llegando a afirmar en un acto público: “Tenemos que cuidarnos de Colombia, porque de ahí viene todo el mal que entra a Venezuela”.
Piden al Gobierno no discriminar a venezolanos con vacuna de coronavirus. El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, para que en el marco de las medidas que se identifiquen en el proceso de vacunación contra el covid-19 “no se haga discriminación alguna a razón de la raza, nacionalidad y/o estatus migratorio”.
La organización humanitaria explicó que las declaraciones del presidente Iván Duque, de que solo los migrantes que tengan estatus migratorio regular podrán acceder a la vacuna es algo que va en contra de los derechos humanos.
Al respecto, la entidad dijo que condicionar la vacuna al estatus migratorio “pone la carga de la regularización sobre la población migrante forzada venezolana, cuando es responsabilidad del Estado”.
Llamaron la atención sobre el hecho de que según Migración Colombia, a octubre de 2020 había 1.717.352 venezolanos en Colombia, de los cuales 947.106 estaban de forma irregular, lo que significaría que del total de migrantes solo un 45 por ciento podría verse beneficiada del procedimiento.
Además, el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia manifestó que excluir a los migrantes de un enfoque de salud es también en una mala práctica de salud pública, pues aumenta su vulnerabilidad, crea discriminación, desigualdades sanitarias y genera un mayor gasto sanitario para los migrantes forzados. El País / Radio Fe y Alegría / Agencias
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